El Gobierno avanza en un proyecto de ley destinado a clasificar a las barrabravas como organizaciones criminales, con el propósito de desarticular los negocios ilegales asociados a ellas.
Esta iniciativa permitirá considerar sus acciones como delitos de asociación ilícita, e incluso podrían penalizar con condenas de entre 2 y 4 años de prisión a quienes porten armas, revendan entradas de protocolo o cometan otras actividades similares.
Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia. El proyecto contempla sanciones más severas tanto para los integrantes de estas organizaciones como para los dirigentes que colaboren con ellas.
El plan también tiene como objetivo combatir los negocios ilícitos ligados al fútbol, como el de los «trapitos» en las inmediaciones de los estadios. Estas prácticas, precisaron, serán objeto de penalización. El enfoque principal de la iniciativa es eliminar las fuentes de financiamiento que sostienen a estas agrupaciones, conocidas por operar mediante amenazas y extorsiones.
Por otro lado, el proyecto establece penas de hasta seis años de prisión para los dirigentes de clubes que entreguen entradas a las barras o colaboren con ellas.
También responsabiliza a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten la entrada de personas con restricciones legales, cerrando así cualquier posibilidad de acción impune dentro de los estadios.
Otra medida incluida en la iniciativa es el refuerzo del régimen de inhabilitación administrativa, que permitirá a las autoridades prohibir el acceso a los estadios de personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia definitiva. Un caso reciente de esta política fue la restricción de concurrencia impuesta a Rafael Di Zeo y a “Skeletor” Maciel, líderes de “La 12”, la barra de Boca Juniors, quienes fueron imputados por tenencia de armas. Si se confirma su condena, además de cumplir su pena, se les prohibirá permanentemente asistir a espectáculos deportivos.