La investigación por el grave caso de grooming y corrupción de menores en Posadas y Garupá sumó en las últimas horas un nuevo y polémico capítulo: un sargento de la Policía de Misiones fue detenido como sexto sospechoso, en el marco de la causa que derivó días atrás en el rescate de una niña de 13 años.
Se trata del segundo integrante de la fuerza provincial implicado en la red delictiva, lo que generó fuerte conmoción dentro y fuera de la institución.
El operativo se concretó en la noche del jueves por orden del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, a cargo del juez Juan Manuel Montes. Agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional X detuvieron al uniformado de 38 años y secuestraron su teléfono celular, que será sometido a pericias para determinar su participación en los hechos.
Fuentes judiciales confirmaron que el efectivo quedó alojado a disposición del magistrado interviniente mientras continúan las diligencias. En paralelo, la Jefatura de Policía dispuso la intervención inmediata de la Dirección de Asuntos Internos, que inició una investigación administrativa interna. El protocolo institucional establece la suspensión preventiva de todo agente involucrado en delitos graves, aunque en este caso el impacto político e institucional es mayor, dado que ya hay otro policía entre los detenidos.
El caso mantiene en vilo a la comunidad misionera desde el pasado 14 de octubre, cuando una adolescente fue hallada en un predio abandonado del barrio Ñú Porá, en Garupá, tras haber desaparecido días antes. En ese operativo fueron arrestados cinco hombres: Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63), Matías C. (19) y Mario M. (43), quienes continúan bajo investigación.
Las pesquisas buscan desentrañar una red que habría operado mediante contactos digitales con menores de edad, aprovechando plataformas y redes sociales para el acoso y la captación. La Justicia y la Procuración General del Poder Judicial coordinan los allanamientos y pericias sobre los dispositivos secuestrados, mientras la víctima recibe acompañamiento médico y psicológico.
El delito de grooming está contemplado en el artículo 131 del Código Penal argentino y prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión para quienes se comuniquen con menores de edad con fines sexuales a través de medios digitales. Sin embargo, la participación de funcionarios públicos en este tipo de casos genera un fuerte cuestionamiento social y político, y pone bajo la lupa los controles internos de las fuerzas de seguridad.
Desde sectores judiciales y organizaciones de protección a la infancia se reclamó que el caso se investigue con la máxima transparencia y sin privilegios. La expectativa ahora está puesta en los resultados de las pericias telefónicas, que podrían revelar el alcance real de la red y si existían otros miembros vinculados a la estructura policial o estatal.