La crítica situación salarial y el colapso de la obra social están detrás de un fenómeno inédito que afecta a las Fuerzas Armadas y de seguridad: más de 2200 oficiales y suboficiales solicitaron la baja en los primeros seis meses de 2025. La ola de renuncias encendió alarmas tanto en los altos mandos militares como en las cúpulas de Gendarmería y Prefectura.
Los sueldos, que en muchos casos no alcanzan la línea de pobreza, se convirtieron en uno de los principales factores del descontento. A esto se suma la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que acumula una deuda superior a los 160.000 millones de pesos y dejó de cubrir medicamentos y tratamientos de alto costo en casi todo el país.
Según fuentes castrenses, este año dejaron el Ejército 257 efectivos; otros 234 renunciaron a la Armada y 193 a la Fuerza Aérea. La situación es similar en las fuerzas de seguridad: 386 efectivos pidieron la baja en Gendarmería, 322 en Prefectura Naval, 412 en la Policía Federal, 177 en la PSA y 292 en el Servicio Penitenciario Federal. En total, son 2273 las deserciones registradas hasta junio.
El impacto es mayor en las jerarquías más bajas, donde los sueldos quedan por debajo de la canasta básica familiar. Un subteniente, un guardiamarina o un alférez perciben alrededor de 766.000 pesos, mientras que un cabo segundo apenas supera los 670.000. Incluso entre oficiales, los haberes distan de ser competitivos: un teniente del Ejército cobra cerca de 846.000 pesos y un capitán ronda el millón.
El fenómeno, que se presenta como un éxodo silencioso, pone en jaque el funcionamiento y la operatividad de las fuerzas, al tiempo que refleja una crisis estructural que, hasta ahora, no encuentra respuesta concreta por parte del Estado.