Misiones comienza el ciclo lectivo este 2 de marzo en medio del paro docente nacional que afecta a 15 provincias. En la tierra colorada, el conflicto cobra especial relevancia porque, según datos oficiales correspondientes a septiembre de 2025, la provincia registra el salario docente de bolsillo más bajo del país para un maestro de jornada simple con 10 años de antigüedad. La medida de fuerza coincide con el inicio de clases para millones de estudiantes en todo el territorio argentino.
El paro fue convocado por CTERA y cuenta con la adhesión de Unión de Docentes Argentinos, Confederación de Educadores Argentinos, Sadop y Amet. Los gremios reclaman una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo que garantice previsibilidad en la inversión de Nación y provincias.
De acuerdo con el análisis citado en el informe original, en septiembre de 2025 un docente con 10 años de antigüedad percibía $677.246 de bolsillo en Misiones, mientras que en Neuquén la cifra ascendía a $1.471.200. Esa brecha expone las asimetrías salariales entre jurisdicciones y explica el fuerte impacto que la quita de fondos nacionales tuvo en distritos con menores recursos.
Uno de los ejes del reclamo es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, eliminado por el gobierno del presidente Javier Milei. El FONID representaba entre un 8% y un 15% del salario según la provincia, por lo que su eliminación afectó directamente los ingresos. Además, los sindicatos exigen la convocatoria a la paritaria nacional docente y cuestionan el proyecto oficial de “libertad educativa”.
El trasfondo del conflicto es la caída de la inversión educativa nacional en los últimos años. Entre 2023 y 2025 se redujeron los fondos destinados a la educación obligatoria y a infraestructura escolar, mientras el financiamiento quedó mayormente en manos de las provincias, que hoy sostienen cerca del 75% del sistema.
En este contexto, el inicio de clases en Misiones queda marcado no solo por la medida de fuerza, sino por un debate más amplio sobre el financiamiento educativo y la necesidad de mecanismos federales que reduzcan las desigualdades salariales entre provincias.