En el inicio del juicio oral por desobediencia judicial, los dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez expusieron los fundamentos de las protestas realizadas en junio de 2024 sobre la avenida Uruguay de Posadas. Ambos señalaron que las manifestaciones respondieron al incumplimiento del acuerdo salarial firmado con el Consejo General de Educación y al impacto de las medidas económicas nacionales sobre los ingresos docentes.
Durante la primera audiencia, la defensa explicó que la protesta fue consecuencia del deterioro salarial acumulado entre octubre de 2023 y marzo de 2024, período en el que la inflación superó el 100%, mientras que las recomposiciones acordadas quedaron muy por debajo. Además, se planteó que la situación económica general afectó no solo los haberes, sino también las condiciones materiales de enseñanza, la asistencia alimentaria y el mantenimiento escolar.
El tribunal rechazó un pedido formulado por la fiscalía para citar al gerente de la empresa Tipoka, que había sido mencionada por presuntos perjuicios derivados del acampe. La jueza Marcela Leiva desestimó la solicitud, dando continuidad al proceso en los términos establecidos.
La defensa, a cargo de los abogados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, argumentó que la imputación representa un riesgo para el ejercicio del derecho a la protesta social y reiteró que los dirigentes no fueron notificados en forma personal de la orden judicial cuya desobediencia se les atribuye.
El juicio, que se desarrolla en el SUM del Palacio de Justicia bajo la acusación de la fiscal María Laura Álvarez, prevé tres jornadas de audiencias y la declaración de al menos seis testigos. En el exterior del edificio judicial, docentes y organizaciones sindicales manifestaron su respaldo a los acusados y reclamaron el respeto a la protesta como herramienta de reclamo laboral.
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