Durante la madrugada del lunes, aparecieron pintadas con consignas ambientales en dos edificios públicos de Posadas: la Cámara de Representantes de Misiones y la Casa de Gobierno. Los mensajes, centrados en la defensa de los glaciares, fueron detectados cerca de las 4 de la mañana por personal de seguridad, que dio aviso a la Policía tras constatar daños en los accesos y fachadas.
Según el reporte oficial, las inscripciones habrían sido realizadas entre la 1:30 y las 2:30. Las cámaras de seguridad registraron a dos mujeres y un hombre que se movilizaban en taxi, lo que permitió orientar la investigación. En ambos edificios se encontraron frases similares, lo que derivó en la intervención de la Policía Científica para realizar peritajes.
En este contexto, una activista socioambiental se atribuyó la autoría de las pintadas. Se trata de Clarisa Néstor, integrante del movimiento Rebelión o Extinción, quien aseguró haber realizado la acción como forma de visibilizar el conflicto en torno a la legislación sobre glaciares. La causa fue caratulada como daño, al considerarse que existieron actos de vandalismo sobre edificios públicos.
En declaraciones a un reconocido diario impreso de la provincia, la activista sostuvo: “No fui violenta, fui a pintar la ley no se toca, los glaciares no se venden”. Además, relató que tras el hecho fue retenida durante varias horas por personas de civil, quienes —según afirmó— la amenazaron con detenerla y la sometieron a distintos procedimientos.
Néstor también cuestionó el enfoque judicial del caso y defendió el sentido de su accionar. “Ese grafiti se puede tapar, pero no la destrucción de los glaciares”, expresó, al tiempo que denunció falta de respuesta institucional a los reclamos ambientales. En esa línea, indicó que la medida fue tomada como una forma de “ejercer presión” ante la falta de escucha por parte de las autoridades.
Finalmente, la activista vinculó su protesta con el rechazo a modificaciones en la legislación vigente, advirtiendo sobre el impacto ambiental en distintas provincias. Mientras avanza la investigación judicial para identificar a todos los involucrados, el episodio reabre el debate sobre los límites de la protesta y la protección de los bienes públicos.