El fallo judicial que impuso condenas a los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del transporte” reavivó el debate sobre los alcances del derecho a la protesta y la actuación de la Justicia en Misiones. La sentencia, dictada por la jueza Marcela Leiva del Juzgado Correccional y de Menores N.º 1 de Posadas, llega un año y medio después de las manifestaciones multisectoriales que marcaron el conflicto salarial de mayo y junio de 2024.
Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, y Sánchez, secretario general de UTEM, fueron condenados a 10 y 8 meses de prisión en suspenso, respectivamente, además de cumplir tareas comunitarias. Si bien la pena no implica prisión efectiva, el veredicto establece reglas de conducta y deja asentado un antecedente judicial en el marco de la protesta.
Según el fallo, ambos referentes gremiales incumplieron una orden judicial que les prohibía bloquear la avenida Uruguay, uno de los principales accesos a Posadas. La fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas mayores al considerar que las protestas afectaron el tránsito y generaron perjuicios a terceros.
Desde los gremios docentes y organizaciones sociales, en cambio, sostienen que el proceso forma parte de una estrategia de “criminalización de la protesta social” y que busca dejar un mensaje disciplinador tras el llamado “mayo misionero”, el ciclo de reclamos que involucró a docentes, policías y trabajadores de la salud.
Durante su alegato final, Sánchez remarcó que las movilizaciones fueron impulsadas por asambleas y no por liderazgos individuales, mientras que Gurina defendió la legitimidad del reclamo frente a lo que consideró un incumplimiento del acuerdo salarial firmado con el Consejo General de Educación.
La sentencia reavivó también la discusión política en torno al papel del Poder Judicial frente a los conflictos sociales. Sectores cercanos al oficialismo provincial sostienen que la Justicia actuó conforme a derecho, garantizando el orden público y la libre circulación, mientras que dirigentes gremiales y referentes nacionales como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Marta Maffei (CTERA) y Rodolfo Aguiar (ATE) denunciaron una decisión “ejemplificadora” que busca desalentar la protesta.
El caso mantiene su trasfondo político: las manifestaciones de 2024 fueron las más extensas que vivió Misiones en dos décadas de hegemonía del Frente Renovador. Aquel conflicto derivó en causas judiciales contra docentes y policías, y en un acuerdo salarial que incluyó el compromiso de no aplicar sanciones.
La defensa de los dirigentes anunció que apelará la sentencia ante instancias superiores. Mientras tanto, el fallo deja planteada una pregunta que trasciende el caso particular: hasta dónde puede llegar la protesta social sin vulnerar el orden público, y hasta dónde puede intervenir la Justicia sin afectar derechos fundamentales.