El repudio de CTA
Los vecinos del barrio San Jorge, que ocupaban predios de la Cooperativa El Zaimán, fueron desalojados brutalmente la madrugada del sábado. Hablan de cerca de 1000 efectivos de la policía entre los cuales incluyeron a cadetes en formación, los que se sumaron a la represión que puso en riesgo la vida de cientos de personas entre ellos embarazadas y niños.
El operativo estuvo avalado por el Juez de Instrucción Nº 7 Carlos Giménez, presente en el lugar legitimando los atropellos y la brutalidad con la que se realizó el desalojo. Demás está decir que el horario, 4 de la madrugada, es absolutamente ilegal porque la falta de luz aumenta el margen de impunidad. El magistrado no garantizó la presencia del Defensor de Menores, atento a la cantidad de niños que estaban en el lugar, tampoco previó la presencia de ambulancias para evacuar heridos.
Horas antes del desalojo el barrio fue prácticamente sitiado por fuerzas policiales, cortaron varios accesos y por horas convirtieron ese lugar en una zona liberada para la cacería de vecinos, hay denuncias de que ingresaron a domicilios sin orden judicial y golpearon a sus ocupantes por creerlos colaboradores de la toma.
Una vez consumado el desalojo, los familiares no pudieran acceder a la lista de detenidos, por horas deambularon por las comisarías 14º, 8º, 11º y 2º para tener información sobre el paradero de los mismos y saber de su estado de salud, muchos de ellos fueron subidos a las camionetas policiales en medio de patadas, golpes, y se temía por su integridad física.
En la mañana del domingo todavía siguen los familiares esperando verlos, van a los lugares en los que se supone están detenidos y responden que no están allí.
No proporcionaron un informe sobre la situación de los heridos, simplemente porque no se ocuparon de ellos. Tras el brutal operativo, las embarazadas más afectadas por los golpes, las corridas, la tensión y el miedo que vivieron fueron abandonadas a su suerte. Cerca del mediodía de ayer las encontramos preguntando por sus familiares detenidos en el juzgado de instrucción 7, varias de ellas con fuertes dolores en la zona abdominal. Nos ofrecimos a acompañar a 2 de ellas a la guardia del hospital Madariaga, una, con 8 meses de embarazo, quedó internada en observaciones por un traumatismo producto de la caída y golpes, y otra, con tres meses, se le prescribió reposo absoluto por riesgo de aborto espontaneo.
La versión policial atenta contra los derechos de la ciudadanía, el derecho a acceder a información confiable de una institución del Estado. Porque no relatan de modo veraz la forma en que sucedieron los hechos y presentan a los vecinos como si estos fueran delincuentes peligrosos, estigmatizándolos. La Policía reconoce lesionados pero menciona solo a los cadetes que fueron movilizados para la represión, una versión difícil de sostener cuando de un lado estaban cientos, miles de efectivos armados, fuerzas del GOE, perros, caballos, camionetas y del otro vecinos que dormían con sus familias en improvisadas carpas, soportando el frio.
La CTA Autónoma repudia este accionar, que repite la lógica de la matriz represiva de la dictadura cívico-militar y responsabilizada a las autoridades políticas, al Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, al Juez Carlos Giménez.
Repudia la criminalización de los reclamos genuinos de miles de familias que no acceden a la vivienda y que en estos meses de tarifazos, inflación galopante, pérdida de fuentes laborales y aumento de alquileres que al no poder ser pagados, empujan a las familias a las calles
Repudia la criminalización y la represión como única respuesta. Se pregunta además dónde están en estos momentos los funcionarios de ministerios como Derechos Humanos, Desarrollo Social y otras áreas que debieran garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.
La CTA Autónoma reclama creación de instancias de diálogo para resolver estos reclamos y defiende el derecho a la protesta como un derecho esencial del sistema democrático.
