La
Iglesia y el Gobierno comenzaron a dar los primeros pasos para reducir
progresivamente el sostenimiento económico del culto por parte del Estado.
Así
lo informó el Episcopado, al concluir hoy la reunión de dos días de la comisión
permanente y señalar que «se acordó seguir profundizando nuevas
alternativas al actual sistema de sostenimiento del culto y estudiar
propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual, las asignaciones que
reciben los obispos de parte del Estado nacional».
Actualmente
la Iglesia recibe unos $130 millones, que se destinan al pago de asignaciones
mensuales a los obispos, a los seminarios y parroquias de fronteras.
El
avance de las negociaciones se da en momentos en que, luego de la tensa
discusión sobre la legalización del aborto , varias organizaciones que
promovían la ley, identificadas ahora con «pañuelos naranjas»,
reclaman avanzar en una plena separación entre la Iglesia y el Estado.
Según
estimaron fuentes del propio Gobierno a LA NACION, dicho monto constituye
apenas el 0,04% de los $300.000 millones que se procura ahorrar para reducir el
déficit fiscal , y no supera el 7% del volumen del dinero que maneja la Iglesia
para todas sus obras.
Ambas
partes formaron una comisión que desde mayo último analiza distintas
alternativas para acordar una propuesta consensuada. Participan de ese equipo
de trabajo miembros de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto,
obispos y sacerdotes, además de abogados, contadores y técnicos.
Los
aportes a la Iglesia se basan históricamente en el artículo 2 de la
Constitución nacional, que establece que «el gobierno federal sostiene el
culto católico apostólico romano» y la decisión de revisar el régimen es
alentada incluso en muchos sectores católicos para ampliar la independencia de
los obispos frente a los gobiernos de turno, anticiparon fuentes eclesiásticas.
LA NACIÓN.