La Justicia de Misiones decretó la quiebra indirecta de Linor SRL, la firma maderera que en mayo pasado cerró su planta en Azara y dejó a unos 130 trabajadores sin empleo. La resolución, dictada el 15 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, ordena incautar los bienes de la empresa, bloquear sus cuentas bancarias y avanzar en la determinación de las deudas laborales pendientes. Se conoció este viernes a través del Boletín Oficial de Misiones y responde al incumplimiento de un acuerdo preventivo homologado durante el concurso de acreedores.
Entre las medidas dispuestas, el juzgado ordenó la entrega de inmuebles, instalaciones industriales, maquinarias, vehículos y registros comerciales, laborales, contables e impositivos de Linor a la sindicatura. La resolución contempla el uso de la fuerza pública para concretar la incautación, la colocación de fajas de clausura y allanamientos si fueran necesarios, además de la inhibición general de bienes y la indisponibilidad de cuentas, depósitos y valores. La firma y sus administradores fueron intimados a entregar la documentación requerida dentro de las 48 horas previstas en la sentencia.
El punto central de la resolución es la situación de los aproximadamente 130 empleados que quedaron sin trabajo cuando el aserradero dejó de funcionar en mayo. El juzgado ordenó elaborar un informe individualizado para determinar las obligaciones laborales pendientes con cada uno, con fechas de ingreso y desvinculación, salarios adeudados, indemnizaciones y la clasificación de los créditos según las prioridades de la legislación concursal. La sindicatura tendrá 30 días, contados desde la incautación de los libros laborales o la revisión de los expedientes, para presentar ese informe.
La declaración de quiebra, sin embargo, no implica que los trabajadores vayan a cobrar de inmediato. La posibilidad de recuperar los salarios e indemnizaciones reclamados dependerá de la determinación de las deudas y de los bienes y recursos disponibles para responder por ellas.
La resolución también alcanza a Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de Linor SRL, sobre quien se dispuso la prohibición de salir del país hasta que la sindicatura presente su informe general. Para hacer efectiva la medida, el juzgado ordenó notificar a la Dirección Nacional de Migraciones y a las fuerzas de seguridad. Lorenzo y los representantes de la firma deberán además colaborar con la Justicia y aportar la información necesaria para el proceso.
Las medidas se producen luego de que, durante el conflicto por el cierre de la planta, los trabajadores realizaran una vigilia en el establecimiento ante el temor de que el retiro de maquinaria y otros elementos redujera las posibilidades de recuperar las sumas que les adeudaban.
El desenlace judicial llegó tras varios meses de dificultades financieras y conflictos laborales en una de las industrias madereras de Azara, dedicada principalmente a la fabricación de pallets. La situación de Linor se había agravado durante 2025, en medio de deudas y problemas para sostener sus obligaciones, hasta que en mayo la empresa comunicó el cese de actividades y dejó a unos 130 trabajadores sin empleo.
Tras el cierre, los empleados y el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera reclamaron el pago de salarios atrasados e indemnizaciones, mientras buscaban preservar las maquinarias y otros bienes que permanecían en el establecimiento.
Con la quiebra indirecta, el patrimonio de la firma queda bajo la órbita del proceso judicial. Mientras la sindicatura deberá determinar las deudas y administrar los bienes alcanzados por la resolución, los 130 exempleados de Azara continúan a la espera de una definición sobre los montos que podrán recuperar.