El Tribunal Oral Federal N.º 2 (integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso) ordenó este martes 18 de noviembre el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y de los demás condenados en la Causa Vialidad, entre ellos el empresario Lázaro Báez. El monto actualizado supera los 684 mil millones de pesos.
La medida alcanza 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como productos o instrumentos del delito, o como activos incorporados durante el período en que —según la sentencia— se ejecutó la maniobra delictiva, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Entre los bienes alcanzados se encuentran empresas de Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto), además de hoteles, terrenos y propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. También se incluyó un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes que la expresidenta había transferido a sus hijos, Máximo y Florencia.
En su origen, el decomiso había sido fijado en 84.835 millones de pesos, pero peritos contadores lo actualizaron hasta 684.990 millones, siguiendo los parámetros ratificados por la Corte Suprema. Ante la falta de pago por parte de los condenados, el tribunal resolvió avanzar directamente con la ejecución mediante la realización y venta de los activos señalados.
La sentencia detalló que quedó acreditado un esquema de beneficios indebidos ligados a la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que incluyó cartelización, sobreprecios y falta de controles, favoreciendo a Báez. Ese proceso habría permitido el crecimiento patrimonial ilícito del empresario y la conformación de negocios compartidos con la familia Kirchner.
El tribunal rechazó los planteos de las defensas sobre la presunta afectación a terceros o la ausencia de trazabilidad exacta, y recordó que el decomiso exige solo una vinculación razonable entre los bienes y los beneficios obtenidos mediante la maniobra. Además citó tratados internacionales, como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que destaca la recuperación de activos como un principio central.
Una vez finalizada la tasación, la decisión será comunicada a la Corte Suprema para definir la eventual afectación de los fondos al servicio de justicia. Los bienes deberán ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y los jueces remarcaron que lo recuperado debería destinarse a reparar el daño social, especialmente en Santa Cruz, donde varias obras quedaron inconclusas.
Esta definición del TOF2 coincide con lo que había anticipado el fiscal Diego Luciani a fines del mes pasado, cuando afirmó que el decomiso estaba firme y que, ante el incumplimiento de pago, “hay que ir por los bienes”.