LLA convocó a sesionar el próximo 11 de febrero. Los peronistas y la central sindical tratarán de sumar senadores para romper el quorum del oficialismo y sus aliados.
A dos semanas de que el oficialismo intente aprobar su reforma laboral en el Senado, se multiplican las reuniones para intentar aminorar el impacto de una ley que retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas, además de restringir el derecho a huelga.
Estancado en sus 28 legisladores, el peronismo se fijó como objetivo evitar que la iniciativa se trate de manera exprés el próximo 11 de febrero y busca sumar al menos ocho senadores para bloquear la sesión. Para eso será clave el rol que juegue la CGT en la persuasión de los gobernadores. La central obrera se reunió el miércoles con los senadores de Fuerza Patria para “analizar la situación parlamentaria” y trazar una estrategia conjunta. En paralelo, mantuvo un encuentro reservado con las tres cámaras empresariales que advirtieron sobre los problemas jurídicos y el nivel de conflictividad que acarrean varios artículos de la ley.
El tiempo corre y la oposición en el Senado intenta frenar el tratamiento de la reforma laboral. Si bien para rechazarla necesita una mayoría de 37 legisladores que hoy parece lejana, las reuniones de las últimas horas sirvieron para ajustar expectativas y redefinir objetivos. El peronismo en la Cámara alta tiene un primer objetivo pragmático: romper el quórum al oficialismo el próximo 11 de febrero para impedir que avance con la media sanción de la ley. La estrategia, que comparte con la CGT, consiste en buscar votos en todos los sectores que no integran ni el oficialismo ni el PRO, principalmente en las fuerzas provinciales y en los radicales “sin tierra”, es decir, aquellos que no responden a un gobernador ni tienen pactos con la Casa Rosada. En ese grupo aparece, por caso, el bonaerense Maximiliano Abad.
Se trata de una batalla contrarreloj en la que el oficialismo y la oposición más dura disputan el mismo centro del hemiciclo. El oficialismo trabaja desde diciembre para fortalecer su vínculo con los gobernadores. El tercer año de gestión muestra a La Libertad Avanza con algo más de astucia política: esta vez, hay un ministro del Interior que recorre las provincias y una comisión técnica que canaliza en el Senado los reclamos, aun cuando sus principales espadas parlamentarias siguen de vacaciones.
Este jueves, el ministro Diego Santilli sumó un nuevo respaldo. Su excompañero del PRO y actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lo recibió en su provincia y le dio su apoyo a la reforma laboral a cambio de la promesa de más fondos. “Sin dudas, en Argentina se están dando debates postergados durante décadas que son más que necesarios para que, de una buena vez, podamos generar mejores condiciones para crear empleo y desarrollo. A nosotros siempre nos van a encontrar de ese lado”, escribió el mandatario provincial en su cuenta de X al finalizar el encuentro.
Horas antes, el ministro estuvo en Villa La Angostura reunido con el gobernador Rolando Figueroa, aunque no logró un respaldo explícito. Enigmático, Figueroa escribió en sus redes: “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que perjudique a los neuquinos”. No quedó claro qué harán los dos legisladores que La Neuquinidad tiene en el Congreso.
Desde los primeros días de enero, el ministro despliega una ronda de viajes por el interior del país para tender puentes con los mandatarios provinciales. En ese marco, ya mantuvo encuentros con Ignacio Torres, Leandro Zdero en Chaco, Alfredo Cornejo en Mendoza, Marcelo Orrego en San Juan y el salteño Gustavo Saénz.
El peronismo también salió a la caza de los votos federales, aunque primero deberá garantizar los 28 propios. Un senador del bloque justicialista le dijo a este diario: “A seguro se lo llevaron preso”, consultado sobre la cohesión del interbloque. En efecto, dentro del peronismo se encendió una luz de alarma en relación con lo que pueda hacer el sub-bloque Convicción Federal. El puntano Fernando Salino ya avisó que “en estas condiciones, así como está, no voto la reforma”, pero aclaró que no puede extender su posición al resto de sus tres compañeros. Además advirtió que “los partidos que faltan definir, ya firmaron el dictamen”.
El rol de la CGT
El tiempo corre y la expectativa se concentra en lo que la CGT pueda conseguir. En las últimas horas, Octavio Argüello desmintió en declaraciones radiales las versiones sobre presuntos acercamientos con la Casa Rosada. “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral”, dijo.
Los movimientos de la central obrera son ambiguos. En las últimas horas se produjeron dos reuniones clave. La primera fue con representantes de cámaras empresariales: la CAME, la CAC y ADINRA. Uno de los empresarios que participó del encuentro dijo a este diario que se encontraron con “una CGT negociadora” y que “hay puntos que compartimos”. Se refirió, en particular, a la eliminación de cinco artículos de la reforma que —según advirtió— pueden disparar conflictos y afectar la seguridad jurídica de las pymes. Las Cámaras no van por el rechazo total de la reforma flexibilizadora.
En paralelo, diputados y senadores referenciados en el mundo del trabajo se acercaron a la central obrera para dialogar con los triunviros. Según relató uno de los senadores presentes, “el espíritu de la CGT es voltear la ley”.
Además, un grupo de diputados se reunió con gremios de la CGT que buscan empujar un posicionamiento más confrontativo. La idea es elaborar un plan de acción en unidad que incluya también a las dos CTA, con movilizaciones antes y durante el tratamiento de la reforma en el Congreso.
Confiado, el Gobierno mantiene firme la fecha. Una de las autoridades del bloque libertario dijo que la media sanción de la reforma será dentro de “la primera quincena de febrero”