La medida tiene como objetivo «modernizar» su funcionamiento frente a amenazas actuales como el terrorismo y los ciberataques, y autoriza su actuación en zonas interiores, en coordinación con las fuerzas de seguridad.
El decreto reemplaza al Decreto 727/2006, que restringía la acción militar a agresiones externas de Estados, ampliando ahora los conceptos de amenaza para incluir ataques de actores no estatales, como grupos terroristas o paramilitares, y nuevos ámbitos como el ciberespacio y el espectro electromagnético.
Las Fuerzas Armadas también podrán operar en zonas de seguridad de fronteras para tareas de vigilancia y control en tiempos de paz, además de proporcionar apoyo logístico ante emergencias, de acuerdo con el artículo 17 de la norma.
El plan contempla un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional que establece directrices para una actuación conjunta y mayor interoperabilidad con fuerzas internacionales. También se prioriza la modernización tecnológica con inteligencia artificial y sistemas no tripulados.
La iniciativa busca fortalecer la respuesta frente a actividades ilícitas, como el narcotráfico, en áreas críticas. Aunque no se brindaron detalles por razones de seguridad, las zonas de interior se definirán según criterios estratégicos para proteger infraestructuras clave como represas y centrales nucleares.