La empresa yerbatera Las Marías inició una demanda contra la provincia de Misiones por el esquema de cobro anticipado del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), al considerar que el régimen genera una carga fiscal desproporcionada. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sumó la intervención del gobierno de Corrientes, que respaldó el planteo y cuestionó el impacto de la medida.
El eje del conflicto radica en los mecanismos de retenciones, percepciones y anticipos aplicados por la Agencia Tributaria de Misiones, un sistema que ha sido señalado por el sector privado como una “aduana paralela”.
Según consta en el expediente judicial, la firma sostiene que mensualmente se le retienen alrededor de $333 millones, mientras que su obligación real promedio por Ingresos Brutos ronda los $2 millones. A esto se suman otros mecanismos de percepción, que elevan los pagos a cuenta a unos $598 millones mensuales, es decir, más de $7.100 millones anuales.
En contraste, el monto definitivo a tributar sería de aproximadamente $23 millones al año. La diferencia, según la empresa, equivale a un 30.718% por encima de la obligación real, lo que en términos temporales representa “307 años de impuestos pagados por adelantado”.
En su presentación, Las Marías también argumentó que esta situación afectó sus planes de inversión en Corrientes, donde proyectaba ampliar su producción yerbatera. Según indicó, la carga impositiva y la incertidumbre derivada del sistema vigente en Misiones dificultan el cumplimiento de sus objetivos.
En ese contexto, el gobierno correntino se presentó en la causa como tercero interesado y respaldó el reclamo de la empresa. En su intervención, sostuvo que la política tributaria misionera “afecta su autonomía” y puede perjudicar sus planes productivos, la recaudación provincial, el empleo y el desarrollo económico.
Además, advirtió sobre posibles impactos en el sistema financiero y calificó la situación como de “gravedad institucional”.
El conflicto tuvo distintas instancias judiciales. Inicialmente, un juzgado federal dictó una medida cautelar favorable a la empresa, pero luego se declaró incompetente y remitió el caso a la Corte Suprema por tratarse de una disputa entre provincias.
Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino, se declaró competente y dejó sin efecto la cautelar, lo que reactivó la aplicación del esquema impositivo.
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte debe intervenir en el caso, al considerar que existe una controversia entre jurisdicciones. Actualmente, el expediente se encuentra en análisis dentro del máximo tribunal.