A las ocho de la noche, miles de ciudadanos de barrios porteños como
Villa Urquiza, Barracas, Caballito, Palermo, Recoleta, Colegiales,
Belgrano, Floresta y de localidades bonaerenses como Avellaneda,
Ciudadela, Quilmes y San Fernando hicieron escuchar su rechazo al fallo
de la Cámara de Casación que impulsó la liberación masiva de presos con
el pretexto de evitar el contagio de los internos en las cárceles.
Lo
propio sucedió en distintas ciudades y localidades bonaerenses, como
Olivos, San Isidro, Martínez, Bahía Blanca, Mar del Plata, y en otras
provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba , La Pampa Y
Tucumán.
En redes sociales, referentes de la oposición se sumaron a
la iniciativa y respaldaron la protesta: “Ignorar a las víctimas es
ignorar la ley. Es un orgullo ser parte de una sociedad que se hace
escuchar pidiendo una Justicia que actúe responsablemente. El
#Cacerolazo30A demuestra que la impunidad no tiene cabida para los
argentinos”, sostuvo el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del
PRO en la Cámara baja. “Emociona el rechazo a la impunidad. No somos
pocos, no estamos solos. #Cacerolazo30A”, enfatizó, por su parte, la
legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Piparo.
La
protesta, que fue convocada por redes sociales desde el comienzo de la
semana, se sumó a los reclamos que se sucedieron en los últimos días a
la decisión de la Justicia de facilitar la salida de presos de las
cárceles. El cacerolazo sumó el apoyo de familiares de víctimas de
delitos graves, referentes del feminismo que se opusieron a la
liberación de acusados por delitos sexuales, y dirigentes políticos
oficialistas y opositores. Ayer por la noche el descontento se adelantó a
la convocatoria original y se pudieron escuchar cacerolazos en barrios
de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
El malestar de
buena parte de la ciudadanía quedó reflejado en la plataforma
change.org, donde una iniciativa para solicitarle al Poder Judicial que
desista de la idea de liberar reclusos tuvo muchas adhesiones: en poco
más de dos días, la petición superó las 470 mil firmas y fue una de las
solicitudes con mayor crecimiento del sitio.
En tanto, distintas
organizaciones hicieron conocer su repudio. El Observatorio de Víctimas
de Delitos repudió “la política de liberación y búsqueda de impunidad de
detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como
pretexto”. El colectivo Actrices Argentinas rechazó la posibilidad de
que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el
beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por
“femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género”.
El
repudio también se hizo escuchar en defensores de derechos humanos,
como la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, a raíz del
otorgamiento de la prisión domiciliaria a un condenado por crímenes de
lesa humanidad. ““Que les den lavandina y limpien su calabozo. Si los
tienen bien aislados no tienen por qué bajarles la condena”, sostuvo a
Infobae en relación a la prisión domiciliaria en favor de Carlos
Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de
detención que funcionó durante la última dictadura militar en la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA).
A través de su cuenta de
Twitter, el presidente Alberto Fernández intentó desmarcarse de las
decisiones judiciales, pero indicó que las cárceles es “un ámbito
propicio para la expansión” del contagio de COVID-19. “En el mundo
muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese
riesgo”, comentó, y ejemplificó que “algunos han conmutado penas, otros
han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la
Justicia». Y afirmó que esa atribución, en el país, depende de los
tribunales.
La controversia en torno a las excarcelaciones de los
detenidos escaló desde del motín ocurrido en el penal federal de Villa
Devoto, donde cientos de presos encabezaron una protesta para que se les
otorgue prisión domiciliaria, a raíz del riesgo sanitario que
implicaría la penetración de la COVID-19 en los pabellones.
El
conflicto -que dejó una mesa de diálogo- desató una polémica nacional,
al poner en evidencia la decisión del Poder Judicial de avanzar en el
otorgamiento de excarcelaciones para los presos que están en prisión
preventiva. Un fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia,
firmado por el juez Víctor Violini, dispuso el 9 de abril pasado ordenar
el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por
coronavirus”, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por
19 defensores generales bonaerenses. La medida fue en favor de al menos
400 personas de cárceles bonaerenses, donde el hacinamiento en las
prisiones duplica a la capacidad de los establecimientos.
La
resolución de Violini advierte que se haga lugar este tipo de beneficios
a quienes estén detenidos por “delitos leves o en situación de riesgo
por edad o por patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres
con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias». En el caso
de los crímenes graves, se instruye que se debe ponderar el “aislamiento
sanitario” en las cárceles para quienes sean población de riesgo y que
se garantice la integridad psicofísica de las víctimas de los delitos
cometidos.
A su turno, la Cámara Federal de Casación Penal
recomendó, a través de una acordada, considerar medidas alternativas al
encierro para los presos como parte de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en el marco de la pandemia.
Las decisiones
judiciales causaron revuelo en el campo opositor. En el PRO, advirtieron
que las excarcelaciones son avaladas por el Gobierno nacional y pone en
riesgo la seguridad de la sociedad y no respeta el derecho de las
víctimas. “En 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean
un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos…”,
lamentó Patricia Bullrich.
En la misma tesitura se expresó la
Unión Cívica Radical (UCR), que directamente se dirigió al presidente de
la Nación: “Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de
delitos”.
“Se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando
los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados
cometieron”, denunciaron en un texto rubricado por Alfredo Cornejo,
presidente del Comité Nacional de la UCR, por Mario Negri, presidente
del bloque radical en Diputados, y por Luis Naidenoff, titular de la
bancada en el Senado.