Debido a esto y agotadas todas las instancias administrativas
posibles, este miércoles, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo, acompañado por
la ministra de DDHH Lilia “Tiki” Marchesini, el diputado Roque Gervasoni y
afectados de barrios de Posadas, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial n° 7 una “medida cautelar y acción de amparo colectivo”,
a fin de que sea la Justicia quien ordene a Samsa la regularización del
servicio de agua potable.
“Deben entender que es un derecho y que firmaron un contrato
en donde se comprometieron a proveer el líquido, de una u otra forma”, dijo
Penayo, y agregó “agotamos todas las instancias, por lo tanto ahora apelamos a
la Justicia”.
A través de la medida, solicitaron además la elaboración de
un plan de contingencia respecto a la provisión del líquido en conjunto con el
Imas, el Eprac y Energía de Misiones SA. Además, que se abstengan de facturar,
a aquellos ciudadanos que no contaron con el agua potable durante este tiempo.