En distintos municipios de Misiones crece un fenómeno que preocupa y se naturaliza: cada vez son más los menores que circulan en motocicletas sin casco, sin patente, sin seguro y con escapes modificados que multiplican el ruido en horas de la noche. Lo que para algunos adolescentes es un juego, una forma de “hacerse ver” o un desafío entre pares, termina siendo una amenaza directa para su propia integridad física y para la convivencia barrial.
La primera línea de control -los municipios- viene fallando. Inspectores de tránsito que miran para otro lado, operativos esporádicos y una permisividad alimentada por la cercanía o el “no querer problemas” con las familias. Así, el incumplimiento se vuelve regla y las calles, un terreno sin normas.
El segundo eslabón, la Policía, tampoco está exento. Cuando la intervención llega, suele ser de forma reactiva, tras denuncias vecinales que ya no soportan el ruido ni el riesgo. Pero a esa respuesta tardía se suma un problema profundo: la falta de capacitación y protocolos claros para actuar frente a menores en motos de alta velocidad. Esa carencia ha derivado en tragedias. En San Javier, hace pocos días, un joven de 17 años murió durante una presunta persecución policial, hecho que desató disturbios frente a la comisaría y dejó una herida abierta. Algo similar ocurrió en Eldorado, donde un chico oriundo de Campo Ramón perdió la vida tras ser perseguido y accidentalmente atropellado, sumando otra tragedia que pudo haberse evitado.
A todo esto se agrega un tercer factor que muchas veces se esquiva: el rol de los padres. El control familiar es el primer muro de contención, pero demasiadas veces está ausente. Saber dónde están los hijos, verificar que no salgan sin casco, impedir que conduzcan sin papeles o en vehículos inseguros, no es una opción: es una obligación. Desconocerlo o minimizarlo es también una forma de complicidad.
No se trata de buscar culpables únicos, sino de aceptar que el problema es estructural. Controles laxos, ausencia de una política integral, imprudencia juvenil, omisión familiar y violencia institucional se combinan en una mezcla que amenaza con repetirse en cada municipio.
Evitar que más familias lloren a sus hijos exige actuar antes, no después. Controles serios y sostenidos, campañas de concientización dirigidas tanto a jóvenes como a padres, trabajo comunitario y capacitación específica para la policía en procedimientos con menores son pasos urgentes.
El Estado, en todas sus instancias, y el núcleo familiar deben asumir que la vida de un adolescente en moto no se protege con suerte, sino con responsabilidad y compromiso real.
