El Gobierno nacional puso fin a comienzos de 2026 al congelamiento salarial del Gabinete que regía desde la asunción de Javier Milei. La medida implicó fuertes incrementos para ministros, secretarios y subsecretarios, mientras que los sueldos del Presidente y de la vicepresidenta Victoria Villarruel se mantuvieron sin cambios.
La recomposición se formalizó a través del DNU 931/2025, firmado en enero, en un contexto político favorable tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas de 2025 y con reclamos internos por la pérdida de poder adquisitivo. Durante dos años, los haberes del equipo de gobierno permanecieron sin actualizaciones, lo que generó dificultades para retener funcionarios.
Los ministros pasaron de percibir poco más de 3,5 millones de pesos en diciembre a superar los 8 millones hacia mayo de 2026, con aumentos progresivos mes a mes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, percibe un ingreso equivalente, mientras que secretarios y subsecretarios también registraron subas significativas que en algunos casos superaron el 120% respecto de los valores previos.
A pesar de estos incrementos, desde la Casa Rosada sostienen que las subas quedaron por debajo de la inflación acumulada en el período, que estiman cercana al 194%. En ese marco, argumentan que la actualización buscó recomponer salarios atrasados y establecer un esquema competitivo acorde a las responsabilidades de gestión.
La mejora salarial contrasta con otros ingresos del sector público y privado. Mientras un trabajador estatal nacional percibe en promedio alrededor de 1,2 millones de pesos, los sueldos del Gabinete se ubican muy por encima. Incluso quedan por debajo de los haberes del Poder Legislativo y Judicial, donde senadores, diputados y jueces de la Corte registran ingresos superiores.
Desde el oficialismo defendieron la medida al señalar que un esquema de remuneraciones adecuado contribuye a fortalecer la gestión y la institucionalidad. También remarcaron que la decisión se tomó en un escenario de superávit fiscal y orden macroeconómico, sin comprometer las cuentas públicas.
Sin embargo, el aumento salarial se da en medio de tensiones políticas y judiciales. La administración enfrenta cuestionamientos por distintos frentes, incluyendo investigaciones que involucran a funcionarios y debates sobre el uso de recursos públicos, lo que volvió a poner bajo la lupa los ingresos de la dirigencia.