A pesar de que el precio mejora respecto a los valores del verano —cuando llegó a estar por debajo de los $200—, sigue por debajo del punto de equilibrio.
La provincia de Misiones produce el 85% de la hoja verde pero sólo procesa el 35%. En contraste, la industria que seca y muele la yerba está concentrada en Corrientes, donde operan grandes empresas como Las Marías y la cooperativa Liebig, que comercializan marcas como Taragüí, Unión y Playadito. Estas firmas dominan más del 40% del mercado nacional.
El conflicto se intensificó tras el decreto 7023 del gobierno nacional, que disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), responsable de fijar precios mínimos y regular la superficie cultivada. Con esta medida, se eliminó el precio base para productores y el cupo de hectáreas para plantar, lo que favoreció la expansión de grandes empresas con más recursos técnicos y financieros.
La concentración del mercado se profundizó: 10 molinos controlan el 80% de la yerba que llega a las góndolas. Hoy, los productores venden a $305 por kilo, la yerba canchada se comercializa a $1.100, y el paquete en góndola supera los $4.000. Según estimaciones, el 40% del precio final corresponde a impuestos.
El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, justificó la medida afirmando que la yerba mate debía quedar en manos de los grandes jugadores y que los pequeños productores debían buscar otras actividades. Esta postura generó rechazo entre los agricultores, quienes advierten que más del 90% de los productores tienen menos de 30 hectáreas y no pueden competir en estas condiciones.
La eliminación del INYM también afectó la planificación del cultivo. Antes se regulaba el número de hectáreas sembradas para evitar la sobreproducción. Ahora, los nuevos inversores siembran más densamente, logrando rendimientos de hasta 8.000 kilos por hectárea frente a los 4.000 de las plantaciones tradicionales, lo que presiona aún más a los pequeños.
En el plano político, empresas como Las Marías, vinculadas a figuras conservadoras y con fuerte influencia en Corrientes, habrían impulsado la medida. Otros grupos relevantes en el sector incluyen a la familia Puerta, la cooperativa Liebig, La Cachuera (Amanda), Rosamonte, Cachamai y CBSé, que también ganaron peso con la desregulación.