El atraso generalizado en el pago de alquileres dejó de ser una excepción para convertirse en una postal cotidiana de la crisis económica. Con salarios estancados, inflación persistente y un costo de vida que no da tregua, miles de familias misioneras enfrentan el dilema de elegir entre pagar el alquiler o cubrir necesidades básicas. Lo que antes era inusual —“uno o dos inquilinos atrasados”— hoy es la norma.
Inmobiliarias de Posadas reconocen que la mora alcanzó niveles que “no se veían en décadas”, reflejo de un mercado saturado de oferta y una demanda asfixiada por la pérdida de poder adquisitivo. A las dificultades económicas se suma el impacto de la recesión y las consecuencias de la derogación de la Ley de Alquileres, que cambió las reglas de juego para propietarios e inquilinos.
En este escenario, muchos optan por priorizar alimentación, deudas o gastos urgentes, postergando el pago mensual de la vivienda. Los retrasos se multiplican y, en algunos edificios, por primera vez todos los inquilinos abonaron fuera de término.
La caída de la demanda se combina con un aumento en la oferta. Desde el sector inmobiliario advierten que hay disponibilidad de unidades “como no se veía en mucho tiempo”: los estudiantes devuelven departamentos, las familias se mudan a espacios más pequeños y la periferia sufre con fuerza el impacto de la pérdida de ingresos.
La desregulación del mercado mediante el DNU 70/23 permitió una mayor flexibilidad en los contratos, pero no resolvió el problema central: la falta de dinero. Los acuerdos más cortos y los ajustes frecuentes dejaron a los inquilinos en una situación aún más vulnerable.
El deterioro económico explica el derrumbe: paritarias mínimas, inflación alta, consumo en baja y una recesión que golpea todos los frentes. Relevamientos recientes muestran que más del 60% de los inquilinos tiene deudas acumuladas y la mitad alquila sin contrato formal.
El impacto social se ve en las calles: mudanzas forzadas, familias que se reagrupan, jubilados que vuelven con sus hijos, estudiantes que regresan a sus pueblos y mujeres solas que no logran sostener un techo. El fenómeno también golpea al sector comercial, con locales cerrados y corredores cada vez más vacíos.
El mercado inmobiliario misionero ya no está solo “ajustado”: está quebrado. El atraso masivo en los pagos se transformó en el síntoma más visible de una crisis estructural que amenaza con dejar a miles de familias al borde del desalojo económico.