Mientras el sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa un escenario de “extrema tensión” por el crecimiento de juicios laborales en el país, Misiones se ubica entre las jurisdicciones con menor índice de litigiosidad, según datos difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
En 2025 se registraron 134.141 nuevos juicios por accidentes y enfermedades laborales en Argentina, lo que representa una tasa de 132,8 casos cada 10.000 trabajadores asegurados, el nivel más alto desde la creación del sistema en 1996.
Sin embargo, Misiones muestra un comportamiento muy distinto: con 50,5 juicios cada 10.000 asegurados, se posiciona muy por debajo del promedio nacional y lejos de provincias como San Luis (300,2), Santa Fe (295,9) y Chubut (235,8), que encabezan el ranking de judicialización.
Un escenario diferente al de los grandes distritos
El informe señala que el 73% de los juicios del país se concentra en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, que reúnen el 61% de los trabajadores cubiertos. Esta concentración territorial, según el análisis sectorial, responde a distorsiones estructurales en determinados sistemas judiciales provinciales.
En contraste, Misiones aparece en el lote de provincias con menor litigiosidad, junto a distritos como Corrientes (18,5), Chaco (17,6), La Pampa (17,3), Tucumán (12,6), La Rioja (12,1), Catamarca (7) y Salta (4,9).
Reforma laboral y debate judicial
El crecimiento del 6,4% en los juicios respecto de 2024 reavivó el debate en torno a la reforma laboral y la aplicación de la Ley 27.348, que buscó ordenar el sistema de pericias médicas judiciales y fortalecer el paso previo por las comisiones médicas administrativas.
Desde el sector asegurador sostienen que parte del problema radica en el esquema de pericias médicas judiciales y en el alto costo de los litigios, mientras que sectores sindicales cuestionan aspectos de las reformas en curso por considerar que podrían afectar derechos adquiridos.
En este contexto, la posición de Misiones dentro del ranking nacional refleja un nivel de judicialización considerablemente más bajo que el promedio país, en un año en el que el sistema a nivel nacional muestra señales de fuerte presión institucional y financiera.