Un informe de la consultora Idesa reveló que Misiones encabeza el ranking nacional de meses cobrados por adelantado en concepto de Ingresos Brutos. Según el relevamiento, en promedio la provincia acumula 14,1 meses de recaudación anticipada, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 2,4 meses.
Los regímenes de percepciones y retenciones aplicados por las jurisdicciones provinciales constituyen una fuente clave de ingresos, pero también generan fuertes distorsiones. En la práctica, estas operatorias suelen derivar en saldos a favor de los contribuyentes que no logran recuperarse ni aplicarse al pago de otros tributos, lo que implica un costo financiero significativo para las empresas.
La comparación con el resto del país
El estudio muestra que provincias como Neuquén (0,3 meses), Chubut (0,5 meses) o Río Negro (0,6 meses) aplican adelantos muy bajos respecto de su recaudación anual. Incluso en jurisdicciones grandes como Buenos Aires (1,2 meses) o CABA (1,6 meses), los niveles se mantienen cerca del promedio.
En el otro extremo, además de Misiones, se ubican Catamarca (6,3 meses) y Corrientes (4,4 meses), que también duplican o triplican el promedio nacional.
Impacto en la actividad privada
El dato genera debate en torno a la presión impositiva efectiva que enfrentan las empresas y comercios en la provincia. Si bien los adelantos de Ingresos Brutos representan una herramienta de financiamiento rápido para los fiscos provinciales, las cámaras empresarias advierten que la práctica termina asfixiando a los contribuyentes, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no logran trasladar esos costos.
El informe de Idesa advierte que estos regímenes, al generar créditos fiscales inmovilizados, se convierten en una forma de financiamiento involuntario del Estado, sin plazos claros de devolución ni mecanismos ágiles para compensarlos.
La situación en Misiones vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la estructura tributaria provincial y la necesidad de avanzar hacia un esquema más equilibrado, que garantice recursos al Estado sin trasladar costos excesivos al sector privado.