Mientras en Buenos Aires y otras provincias se multiplican las manifestaciones de profesionales de la salud en rechazo a la reforma del sistema nacional de residencias, Misiones decidió mantener su esquema propio, regulado por la Ley XVII N° 75, que garantiza un régimen laboral con plenos derechos para los residentes. La reciente Resolución 2019/25 del Gobierno nacional, publicada en el Boletín Oficial, modificó el régimen de residencias a nivel federal, estableciendo nuevas modalidades que, según los sectores críticos, implican una pérdida de derechos laborales para los profesionales en formación.
El nuevo esquema nacional transforma a los residentes en becarios sin relación laboral formal, y propone dos vías posibles: una a través de la institución formadora, sin aportes previsionales ni retenciones, pero con posibilidad de recibir adicionales; y otra bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, con aportes previsionales, pero sin garantías laborales plenas. De esta forma, quienes opten por alguna de las alternativas quedarían fuera de coberturas como aguinaldo, ART, obra social y seguro de mala praxis.
En este contexto, la provincia de Misiones ratificó la vigencia de su sistema propio de residencias, amparado por una legislación local que establece contratos en relación de dependencia con derechos laborales plenos. Según datos del Ministerio de Salud Pública de la provincia, de los 397 residentes que actualmente se desempeñan en hospitales misioneros, solo 120 están vinculados al sistema nacional, mientras que el resto forma parte del régimen provincial.
El subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Rodolfo Fernández Sosa, señaló que la resolución nacional “no afecta a Misiones” y explicó que la provincia complementa el salario de aquellos residentes nacionales para garantizar que todos los profesionales reciban el mismo ingreso. “La Nación aporta actualmente unos 350 mil pesos mensuales por residente, lo que representa apenas un 30% del total. El resto lo cubre la provincia para equiparar los sueldos y asegurar una remuneración adecuada”, precisó el funcionario.
Además, Fernández Sosa expresó su preocupación por la modificación del sistema nacional. “Es un paso hacia atrás en la construcción de derechos laborales”, opinó, y sostuvo que las residencias deben garantizar condiciones dignas para quienes están en proceso de formación intensiva dentro del sistema público de salud.
Desde el ámbito legislativo provincial también hubo posicionamientos. La diputada y médica pediatra Lilian Capasso afirmó durante una sesión que “el nuevo esquema precariza el ejercicio profesional”, y destacó que en Misiones “se mantiene un régimen con seguridad laboral y cobertura integral”, incluyendo seguros de mala praxis y ART.
La Ley Provincial XVII N° 75, vigente en Misiones, establece que las residencias médicas deben cumplir una función formativa, científica y asistencial. Entre sus principales características, se destacan el ingreso por concurso público, la dedicación exclusiva, la supervisión profesional continua y la posibilidad de inserción laboral dentro del sistema público de salud una vez finalizada la formación. Además, garantiza el acceso a aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas y un régimen disciplinario específico.
La ley fue modificada en 2020, durante la pandemia, con el objetivo de mejorar las condiciones salariales y ampliar la protección de los residentes, convirtiéndose en una de las principales herramientas del sistema sanitario misionero para atraer y retener profesionales jóvenes en hospitales públicos.
En paralelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesionales de la salud del sistema nacional realizaron una manifestación en Plaza de Mayo para reclamar la derogación de la Resolución 2019/25. Denunciaron que la reforma implica una pérdida de derechos laborales y remarcaron que la residencia “es un trabajo que debe ser reconocido”. Bajo la consigna “Formación, no precarización”, los manifestantes pidieron abrir un canal de diálogo con las autoridades nacionales.
Uno de los puntos más cuestionados por quienes se oponen a la medida es la eliminación de coberturas básicas como obra social, aportes previsionales y licencias, además de la ampliación de la carga horaria sin aumento de la remuneración.
En contraste, provincias como Misiones mantienen sus propios esquemas regulados por normativas locales. Según expresaron desde el Ministerio de Salud Pública provincial, se continuará garantizando el modelo de formación con derechos, tanto para los residentes contratados directamente como para aquellos que ingresan por vía nacional y son complementados económicamente con fondos provinciales.
El debate sobre las condiciones laborales de los profesionales en formación continúa abierto, y la diferencia de enfoques entre Nación y algunas jurisdicciones provinciales genera escenarios dispares en cuanto a derechos, remuneraciones y acceso a cobertura social.