A través del Decreto 463/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la disolución de tres fondos fiduciarios públicos: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).
La medida, enmarcada en el proceso de reestructuración del Estado, fue impulsada antes del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo a través de la Ley 27.742. Según se argumenta en el decreto, la decisión se basa en irregularidades detectadas en la administración de estos fondos.
Qué fondos fueron eliminados
El FFFIR, creado por Ley 24.855, tenía como objetivo financiar obras de infraestructura económica y social en provincias y a nivel nacional. Sin embargo, una auditoría de la SIGEN señaló una baja ejecución de recursos, uso de plazos fijos que provocaron pérdidas por inflación, y personal contratado de forma irregular.
El Fondo Nacional del Manejo del Fuego, también alcanzado por el decreto, fue cuestionado por múltiples deficiencias en su gestión. Entre ellas, la contratación de más de 60 personas durante 2023 sin comprobación de entregables, demoras en procesos de compra de autobombas, y falta de documentación en contrataciones de servicios aéreos, según detalla el informe oficial.
Por su parte, el FONDEP, sucesor del FONDEAR creado en 2014, tenía como misión promover inversiones en sectores estratégicos de la economía nacional. No obstante, los informes revelaron falta de acceso a los estados contables, inconsistencias en la administración de fondos y escasa transparencia, lo que derivó en su eliminación.
Qué pasa con los contratos vigentes
Según el decreto, el Ministerio de Economía se hará cargo de la continuidad de los convenios en curso, tanto con provincias como con organismos internacionales. Además, se estableció que los fiduciarios deberán seguir cumpliendo sus obligaciones hasta la finalización del proceso de cierre, conforme a lo dispuesto en el Decreto 695/24 y la Resolución 796/24.
La medida se suma al reciente anuncio del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y forma parte de la batería de reformas que el Gobierno nacional acelera en el marco de su plan de recorte del gasto y reorganización administrativa.