El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó en el Boletín Oficial. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei.
La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento. De esta manera, el Poder Ejecutivo avanzó con la reglamentación pendiente para garantizar la vigencia de la norma.
El decreto define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control. Además, establece que el sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad.
La normativa también incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera bajo una concepción integral que abarca aspectos sanitarios, sociales, económicos y de acceso a derechos. Asimismo, instruye a esa secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días.
Por último, el decreto dispone la conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Las medidas adicionales que se acuerden con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento, y la reglamentación rige desde el 3 de febrero de 2026.