Un informe de la UCA reveló que más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina atraviesan inseguridad alimentaria. El 75% pertenece a hogares con adultos que tienen trabajo. La situación afecta principalmente a familias pobres, monoparentales y numerosas, y crece incluso entre sectores de clase media baja.
La inseguridad alimentaria (IA) en Argentina golpea con fuerza a la niñez: más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen garantizada su alimentación diaria. Así lo revela un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que advierte que el problema se agravó sostenidamente en los últimos 14 años.
Según el estudio, el 35,5% de los chicos sufrió IA en 2024 y un 16,5% fue alcanzado por su forma más severa: el hambre. Uno de los datos más alarmantes es que 3 de cada 4 chicos que viven esta situación tienen padres o madres que trabajan, lo que confirma que el empleo ya no alcanza como factor protector frente a la pobreza estructural.
La cantidad de hogares afectados por la inseguridad alimentaria pasó del 32% en 2010 al 51% en 2024. El fenómeno impacta con mayor fuerza en familias con inserción laboral precaria, de bajos ingresos, numerosas y monoparentales, especialmente aquellas a cargo de mujeres.
En cuanto a los tipos de IA, el informe detalla tres niveles: leve (preocupación por no poder comprar alimentos), moderada (reducción en las porciones o privación de los adultos para que coman los chicos) y severa (hambre directa en niños y adolescentes). Las consecuencias son múltiples: afecta la salud, el desarrollo cognitivo, emocional y el rendimiento escolar.
Otro dato clave es que la inseguridad alimentaria no es estática: entre 2022 y 2024, más de la mitad de los niños y adolescentes vivieron al menos un año bajo esta condición. Un 14,8% lo hizo de forma crónica, mientras que el 9,2% empeoró. Solo el 44,5% se mantuvo libre de IA durante esos tres años.
El impacto varía según la región: el AMBA presenta cifras más elevadas que el interior del país, especialmente desde 2017. En este contexto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar demostraron ser herramientas efectivas para mitigar los efectos de la IA, aunque insuficientes frente al avance del fenómeno.
Por último, el informe resalta dos señales preocupantes: el crecimiento de la inseguridad alimentaria en sectores de clase media baja y la pérdida de efectividad de factores que antes se consideraban protectores, como la inserción educativa o el empleo formal. Es decir, tener trabajo e ir a la escuela ya no garantiza poder comer todos los días.