La diputada nacional Marcela Pagano lanzó una fuerte denuncia contra el Gobierno de Javier Milei y puso a Misiones en el centro de sus acusaciones. A través de una extensa publicación en X, sostuvo que el Ejecutivo nacional habría utilizado fondos destinados a obras viales para obtener respaldo de gobernadores y legisladores en distintas votaciones del Congreso.
Dentro del listado que difundió, Pagano mencionó directamente a Carlos Rovira y aseguró que Misiones habría recibido $13.493 millones a través de la UTE vinculada a la Ruta Nacional 105. Según la legisladora, esos recursos formarían parte de un esquema de distribución de fondos realizado en coincidencia con determinadas votaciones parlamentarias.
La acusación adquiere una particular dimensión política en Misiones por el lugar que ocupó Rovira durante los últimos años. Hasta la reciente reconfiguración del oficialismo provincial, el dirigente era quien ejercía el principal control político sobre los legisladores nacionales de la provincia. Diputados y senadores que respondían al espacio de la Renovación seguían, en términos generales, las definiciones que surgían de la conducción de Rovira respecto de las posiciones que debía adoptar Misiones en el Congreso.
Ese esquema hizo que Rovira funcionara durante años como una suerte de poder político detrás del Gobierno provincial, con capacidad para marcar la estrategia legislativa de la provincia aun cuando el gobernador fuera Hugo Passalacqua. Por eso, la denuncia de Pagano apunta directamente hacia su figura al vincular los fondos mencionados con las posiciones que adoptaron los legisladores misioneros en distintas votaciones.
El escenario, sin embargo, comenzó a modificarse en las últimas semanas a partir de la ruptura política entre Passalacqua y Rovira. La reconfiguración del oficialismo llevó a que un grupo mayoritario de legisladores provinciales y dirigentes comenzara a alinearse con el gobernador, mientras Rovira avanzó con la construcción de Encuentro Misionero.
También comenzó a observarse un cambio en el Congreso. Algunos legisladores que históricamente respondían a Rovira empezaron a mostrar posiciones más cercanas a las definiciones de Passalacqua, aunque el nuevo esquema todavía se encuentra en plena definición y no todos los diputados y senadores han explicitado públicamente su alineamiento.
En ese contexto, la denuncia de Pagano aparece en un momento particularmente sensible para el poder político misionero. La diputada sostuvo que el Gobierno nacional habría utilizado recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuyo destino está vinculado legalmente a obras viales, para favorecer a provincias cuyos representantes acompañaron determinadas iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
En su publicación, Pagano elaboró una lista con otros gobernadores que, según su versión, habrían recibido fondos en períodos próximos a votaciones legislativas. Allí aparecen los mandatarios de Jujuy, Tucumán, Santa Cruz y Salta, además de Rovira en el caso de Misiones.
La legisladora calificó el supuesto mecanismo como “ilegal, inmoral e ilegítimo” y anunció una denuncia penal por presunta administración fraudulenta, cohecho y malversación. También aseguró que solicitó documentación relacionada con las fechas de aprobación y pago de los fondos, así como las firmas de los funcionarios que autorizaron los desembolsos.
Por ahora, se trata de una acusación formulada por Pagano y será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades. Pero la referencia a Rovira y a los $13.493 millones vinculados a la Ruta 105 vuelve a poner bajo la lupa el antiguo esquema de poder de la Renovación y, especialmente, la relación que durante años existió entre la conducción política de Misiones y sus representantes en el Congreso.