El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que la provincia decidió diferir la convocatoria 2026 para el ingreso de cadetes a la Universidad de las Fuerzas de Seguridad, en la sede del Servicio Penitenciario Provincial. La decisión, explicó, responde al actual contexto económico nacional y apunta a resguardar con equilibrio las finanzas provinciales.
“En el actual contexto económico del país, y con el objetivo de resguardar con equilibrio y responsabilidad las finanzas provinciales, decidimos diferir la convocatoria 2026 para el ingreso de cadetes”, expresó el mandatario al comunicar la medida.
La determinación implica que no habrá incorporación de nuevos aspirantes durante el ciclo 2026 a la Diplomatura Universitaria en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. Desde el Gobierno provincial aclararon que las instancias del proceso de selección ya cumplimentadas por los postulantes serán reconocidas cuando se retome la convocatoria, por lo que quienes avanzaron en las primeras etapas no deberán comenzar nuevamente desde cero.
“Las instancias ya cumplimentadas por los aspirantes serán oportunamente reconocidas cuando se retome la convocatoria”, sostuvo Passalacqua, quien además agradeció el compromiso de quienes se habían postulado para ingresar al sistema penitenciario provincial.
Austeridad, pero con debate político
La medida se inscribe en un escenario de restricciones presupuestarias que, según el Gobierno provincial, obliga a revisar gastos y postergar decisiones administrativas. Sin embargo, el anuncio volvió a encender el debate político en Misiones.
En paralelo a la suspensión del ingreso de nuevos cadetes, el Ejecutivo avanzó recientemente con designaciones de exdiputados provinciales como vocales en la Dirección Provincial de Vialidad, un organismo estatal clave dentro de la estructura administrativa de la provincia.
Ese contraste fue señalado por distintos sectores políticos y sociales, que advierten una aparente contradicción entre el argumento de la austeridad para frenar la formación de nuevos agentes penitenciarios y la continuidad de nombramientos políticos dentro del Estado.
En ese marco, la decisión del Ejecutivo provincial no solo impacta en el sistema penitenciario, sino que volvió a poner en el centro de la escena la discusión sobre cómo se definen las prioridades del gasto público en un contexto económico complejo.