La diputada provincial Paula Franco, de Encuentro Misionero, denunció penalmente a Fernando Urízar, identificado en la presentación como propietario del perfil “El Vengador de Misiones”, por videos realizados con inteligencia artificial que utilizan su imagen y su voz. Con el patrocinio de la abogada Silvia Risko, la legisladora denunció violencia, persecución y hostigamiento a través de escenas que representan situaciones que nunca ocurrieron.
La constancia expedida este viernes seis de noviembre por la Dirección Cibercrimen menciona publicaciones del seis y ocho de octubre y del tres de noviembre, difundidas en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Franco sostuvo que los contenidos afectan su honor, su vida personal y familiar y el ejercicio de su función pública. Según manifestó, las acciones ficticias la sitúan en una “posición de vulnerabilidad como mujer”, agravada por comentarios que denunció como ofensivos y difamatorios.
Los videos se inscriben en el escenario de fractura política provincial. El personaje del “Vengador” se muestra como un supuesto castigador de dirigentes identificados con el sector alineado detrás de Carlos Rovira, distanciado del gobernador Hugo Passalacqua. En ese relato audiovisual, el mandatario aparece como la figura a la que supuestamente responde el protagonista. Esa representación no acredita que exista un vínculo o respaldo del gobernador a las publicaciones.
Entre las personas que aparecen representadas se encuentran el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; Franco; el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli; el presidente del Concejo Deliberante posadeño, Daniel Vigo, y el presidente de la Legislatura, Sebastián Macias. Passalacqua también integra las escenas, aunque en un papel diferente al de quienes son presentados como destinatarios de los supuestos castigos.
Urízar fue funcionario y candidato a concejal del Frente Renovador, un antecedente que aporta contexto político a los contenidos dirigidos contra referentes de ese espacio. La denuncia lo identifica como propietario del perfil desde el que se difundieron las publicaciones y solicita la intervención de las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes.
Franco pidió la eliminación de las publicaciones, el cese del hostigamiento y restricciones para impedir que vuelvan a utilizarse su nombre y su imagen. También requirió la prohibición de contacto digital y acercamiento físico, junto con la preservación de las pruebas digitales. La documentación difundida deja constancia de esos pedidos, pero no informa que las medidas hayan sido concedidas.
La presentación trasladó a la Justicia una disputa que combina exposición política, escenas violentas y manipulación digital de identidades. El planteo de la diputada se centra en la utilización de sus atributos personales para construir acciones inexistentes y en los perjuicios que, según denunció, esas publicaciones provocan sobre su vida y su actividad pública.