Alberto Penayo salió al cruce de las acusaciones que cuestionaron su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo de Posadas y difundió un comunicado en el que reivindicó la documentación administrativa de su paso por el organismo. El exdefensor, que actualmente busca posicionarse en la interna del Partido Justicialista de cara a las elecciones municipales, sostuvo que las denuncias difundidas públicamente en 2023 no llegaron a formalizarse en la Justicia.
El dirigente puso como principal respaldo de su planteo el certificado de Libre Cargo que, según afirmó, recibió al finalizar su mandato, con fecha del 31 de enero de 2024. De acuerdo con Penayo, ese documento acredita que no tenía sumarios administrativos ni rendiciones pendientes al momento de dejar la Defensoría.
“Dicho documento formal y legal certifica de manera irrefutable que no contaba con sumario administrativo alguno, que no existían rendiciones pendientes y que la gestión culminó con la absoluta regularidad formal”, sostuvo en el escrito difundido públicamente.
Penayo también hizo referencia a las acusaciones de violencia y abuso de poder que habían sido difundidas durante 2023 por sectores vinculados a la entonces defensora suplente. En ese sentido, cuestionó que aquellas denuncias hayan sido instaladas públicamente sin que, según su versión, posteriormente se hayan traducido en presentaciones judiciales.
“Aquellas infundadas acusaciones de violencia y abuso de poder quedaron demostradas en la práctica como lo que siempre fueron: una maniobra mediática vacía de sustento legal que jamás se formalizó ante la Justicia”, afirmó el exdefensor.
Como parte de su descargo, Penayo mencionó además dos antecedentes vinculados con el personal de la Defensoría. Según detalló, integrantes del equipo jerárquico habían firmado un acta en la que se pusieron a disposición de los organismos competentes y respaldaron el funcionamiento institucional durante ese período.
También citó un comunicado de trabajadores de planta permanente afiliados a UPCN Misiones, quienes, de acuerdo con su relato, rechazaron declaraciones realizadas en el ámbito del SOEMP y señalaron que esas expresiones no representaban el clima laboral que, según ellos, existía dentro del organismo.
El exfuncionario cuestionó especialmente la utilización pública de denuncias relacionadas con violencia de género y sostuvo que ese tipo de situaciones no debería ser utilizado como herramienta de confrontación política. En el comunicado, pidió que quienes realizaron o promovieron aquellas acusaciones presenten las pruebas ante los ámbitos judiciales correspondientes.
Por último, Penayo informó que instruyó a su equipo legal para realizar una presentación dirigida a la exdefensora suplente y a quienes, según señaló, promovieron las denuncias públicas. “La verdad institucional está respaldada por firmas, expedientes limpios y, sobre todo, por el testimonio directo de quienes trabajaron a diario en la Defensoría del Pueblo”, concluyó.