La Jefatura de Policía de Misiones salió al cruce de las versiones sobre presuntos apremios durante un procedimiento por violencia de género en Villa Cabello, Posadas. La fuerza rechazó los señalamientos sobre una posible actuación irregular de los uniformados y aseguró que no existe una investigación interna contra los agentes que participaron del operativo.
El episodio ocurrió el domingo 27 de septiembre, alrededor de las 21:30, en una vivienda de la chacra 150. Los efectivos acudieron al lugar para asistir a Sandra A. (45), cabo primero de la institución, quien denunció haber sido agredida por su pareja, Juan D. (49), un suboficial mayor retirado. La mujer presentaba una lesión en la zona nasal y posteriormente formalizó la denuncia por violencia de género.
Según la versión oficial, cuando las patrullas llegaron encontraron al hombre exaltado y con dos heridas sangrantes, una en el cuello y otra en la frente. Desde la Jefatura sostuvieron que las lesiones habrían sido autoinfligidas y que el involucrado se negó a recibir asistencia médica, además de desobedecer las indicaciones de los uniformados.
Ante esa situación, los policías procedieron a reducirlo para concretar su traslado al Hospital René Favaloro, donde recibió atención y le practicaron suturas. Posteriormente fue derivado al Hospital Madariaga, donde permanece internado en terapia intensiva por una afección pulmonar que, de acuerdo con la información médica difundida por la fuerza, no tendría relación con las heridas que presentaba al momento del procedimiento.
La controversia surgió a partir de versiones que apuntaban a posibles apremios durante la intervención policial. Frente a esos señalamientos, la institución aseguró que todo el operativo quedó documentado, desde el pedido de auxilio hasta la reducción del hombre y su posterior traslado a los centros asistenciales.
La Jefatura insistió en que las versiones sobre una presunta actuación irregular no coinciden con lo registrado en las actuaciones policiales. Asimismo, negó que se haya iniciado un sumario administrativo o una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades de los agentes involucrados.
Finalmente, la fuerza confirmó que las actuaciones fueron remitidas a la Justicia, que dispone de la documentación relacionada con el episodio. Aunque el caso quedó bajo intervención judicial, la Policía remarcó que esto no supone la apertura de una investigación administrativa contra los efectivos, cuya actuación fue cuestionada en las versiones que motivaron la aclaración oficial.