Tras versiones que generaron fuerte repercusión en el ámbito judicial y mediático, desde la Justicia desmintieron que haya existido un robo o un escándalo institucional en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas. Lo ocurrido fue una irregularidad administrativa grave, vinculada al manejo de una caución, que en un primer momento derivó en confusión y sospechas, pero que ya fue esclarecida.
La polémica se desató luego de que trascendiera un supuesto faltante de dos millones de pesos, situación que llevó a pensar inicialmente en un hecho delictivo. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que no existió ningún robo y que el dinero involucrado apareció y fue devuelto, quedando cerrada la causa penal.
La confusión tuvo origen en una caución abonada en noviembre pasado para la excarcelación de un odontólogo imputado en una causa por robo de maquinaria. La Justicia precisó que el monto total era de 10.000 dólares, y que el faltante detectado en una primera instancia fue de 2.000 dólares, no de pesos, como se informó inicialmente.
Desde el ámbito judicial explicaron que la irregularidad se produjo porque el dinero nunca debió ser recibido en efectivo, ya que los protocolos vigentes establecen que las cauciones deben depositarse en cuentas judiciales habilitadas. La recepción del efectivo constituyó una falta administrativa atribuida al área de secretaría, mientras que se aclaró que el magistrado a cargo no interviene ni en la recepción ni en la custodia de esos fondos.
Al advertirse la situación, el juez ordenó de manera inmediata la apertura de un sumario administrativo interno y la realización de peritajes, entre ellos el análisis de huellas dactilares. Los resultados indicaron que los rastros correspondían a personal con acceso habitual a la caja fuerte, lo que permitió descartar cualquier hipótesis de robo externo o delito penal.
Con el avance de las actuaciones, la totalidad del dinero fue localizada y reintegrada al abogado defensor del imputado, quien firmó la conformidad correspondiente semanas atrás. De esta manera, el expediente judicial por el supuesto faltante quedó cerrado.
Actualmente, se dio intervención al Superior Tribunal de Justicia, y solo continúa en trámite el sumario administrativo, cuyo objetivo es establecer responsabilidades internas por el incumplimiento de los procedimientos formales en el manejo de cauciones. La Justicia remarcó que, si bien no hubo delito, el error fue significativo y motivó una revisión de los mecanismos administrativos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.