El gobierno logró el dictamen de mayoría con apoyo de gobernadores, mientras la oposición buscará una sesión para reunir 129 votos e imponer su modelo de Presupuesto.
Una de cal y una de arena. Mientras continúa el desarrollo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, ni la oposición ni el oficialismo pudieron lograr del todo sus objetivos este martes 4 de noviembre, fecha en la que por un emplazamiento votado en el recinto se debía dictaminar. A pesar de los intentos para evitar esto último, el gobierno no logró neutralizarlo. Sin embargo, se quedó con el dictamen de mayoría, lo que muestra una señal clara de los gobernadores a negociar con la administración libertaria la ley de leyes. Además, este resultado le permite ganar algo de tiempo.
A pesar de esta victoria, el riesgo con el que correrá durante todo el mes de noviembre es que la oposición pida una sesión, junte 129 voluntades para hacer caer el dictamen oficialista antes de que la cámara baja se renueve el 10 de diciembre, y termine tratando su propio dictamen con modificaciones que propongan los sectores dialoguistas, una guerra que los libertarios buscan evitar a toda costa.
El objetivo del gobierno no sólo era evitar que hoy hubiera un dictamen, sino que posponer el debate del Presupuesto del año próximo para sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre, ya con el parlamento bastante más pintado de violeta tras la victoria del pasado 26 de octubre.
Es por eso que en fuerzas como Unión por la Patria ven ya como una victoria haber juntado un dictamen con las 20 firmas de sus miembros que integran la comisión. Ese mismo número es el que juntó el oficialismo con sus aliados, y, ante el empate, el presidente del cuerpo, Bertie Benegas Lynch, definió con su doble voto. Así, los 7 diputados libertarios, los 3 de la UCR, los dos de Innovación Federal, los 6 del PRO, el de Liga del Interior y la de Producción y Trabajo lograron el dictamen de mayoría.
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Por su parte, Christian Castillo del Frente de Izquierda firmó su propio dictamen de rechazo al Presupuesto que envió el Ejecutivo, y el cordobés Oscar Agost Carreño logró juntar 6 firmas a su dictamen alternativo, con el apoyo de Democracia para Siempre, el MID de Oscar Zago y las firmas de Encuentro Federal. Como ninguno reunió las 25 firmas necesarias, el gobierno se fue con una victoria y muestras de apoyo de los gobernadores, quienes tendrán la llave central para aprobar el proyecto y mostraron más interés en negociar con el gobierno que con la oposición. No hubo un acuerdo entre los dictámenes alternativos porque al menos hoy no hay números suficientes para llevarlo al recinto.
Mientras tanto, la oposición trabaja para lograr ese número y lograr sesionar en las últimas semanas de noviembre para dar su última batalla con el Presupuesto. Serán días de negociaciones frenéticas con los mandatarios provinciales, en donde el gobierno comenzó la carrera con una pequeña ventaja.
En los dictámenes alternativos, tanto el que propuso Agost Carreño como el que mencionaron Carlos Heller y Germán Martínez de UP, coincidieron en exigirle al gobierno incluir en su presupuesto a las leyes aprobadas, luego vetadas por Javier Milei pero ratificadas con dos tercios de los votos en ambas cámaras: la ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan); de Emergencia en Discapacidad; de Presupuesto Universitario.
«También incluimos el aumento de haberes y bono a jubilados», aclaró el legislador Hagman a los periodistas presentes.
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Además, otro punto en común entre ambos dictámenes fue el reclamo a la ausencia de funcionarios del gobierno para explicar ante la comisión su proyecto: «No vino ni el ministro de Economía (Luis Caputo) ni el presidente del Banco Central (Santiago Bausili)», advirtió Germán Martínez, jefe del bloque peronista.
Agost Carreño, quien participó en reemplazo del diputado Nicolás Massot, anticipó que en su dictamen «reordenaban prioridades» sobre el proyecto original del gobierno pero destacó que mantenía el «superávit fiscal».
«Incluimos crédito para universidades, asistencia financiera a FADEA, proponemos regularizar el mercado eléctrico mayorista para que no haya más maquillajes con lo que se le debe a Nucleoeléctrica, sumamos protección a terrenos del ejército y buscamos no vender inmuebles del Estado sin antes tener que pasar por el Congreso. También incluimos no hacer ajuste social para pagar tasa financiera (FMI), cupo para ciencia y obra pública para rutas por ejemplo, que hemos hablado con gobernadores, además de la conservación de bosques nativos e infraestructura y dotación del Poder Judicial», afirmó el diputado cordobés.
Asimismo, expresó que le pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso calcular esas modificaciones y que representaban un 0,89% del PBI, garantizando mantener el superávit fiscal que tanto exige el gobierno.
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Por último, el diputado de UP Carlos Heller aseguró que el proyecto que envió el gobierno es deficitario de igual manera, y leyó un manual de estadísticas del Fondo Monetario Internacional, en donde se especificaba que «las letras capitalizables que emite el gobierno y no pasan por el cuadro de resultados, no se registran. La primera revisión del acuerdo con el FMI dice que hay un déficit fiscal de 1.2, se lo comieron muchachos. La vocación ajustadora nos llevará a eliminar más servicios y prestaciones por esto. No tienen en cuenta una enorme deuda que el estado tiene. No lo pasan por el cuadro de resultado».
«Por otro lado yo sé que el presupuesto supone escenarios, es una hoja de ruta, pero calcular con un dólar de 1300 pesos a diciembre del 2025 ya pareciera mal calculado, les pido que lo piensen. La inflación debería dar menos que 1% en octubre, noviembre y diciembre, y va a dar más que 2% ya en octubre, está visiblemente mal», concluyó.