Estas familias de barrios posadeños y de Garupá -la mayoría mujeres jefas de hogar- censadas por el Movimiento Evita Misiones, fueron acompañadas a recibir la certificación en el organismo nacional por el diputado del PAyS, y secretario general del Movimiento Evita, Martín Sereno, y otros dirigentes.
El Renabap, fue presentado en octubre del 2016 y busca identificar a los chicos que aún no acceden a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los adultos mayores de los barrios que carecen de una jubilación. Trabaja en forma coordinada con la Anses, los Ministerios de Desarrollo Social e Interior de la Nación y organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Cáritas Argentina yTecho.
Reconocidos como legítimos poseedores
«Este fue un trabajo arduo que desde que asumió Macri nosotros continuamos en la lucha por la regularización de la tenencia de la tierra, y el acceso a los servicios básicos, que son derechos de las familias de los barrios informales, independientemente de cómo tomaron posesión.
Estamos convencidos que todos tienen derecho a contar con los servicios básicos y la tranquilidad de que no serán desalojados del lugar donde viven, trabajan y producen», enfatizó el diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, candidato a Diputado Nacional, junto a Valeria Silvestri.
Ese fue el derrotero de la lucha que finalmente se plasmó a través de los movimientos sociales con el relevamiento que se hizo en Posadas, Garupá, San Vicente, Oberá, Alem, Andresito, Iguazú, Libertad, Wanda, Eldorado y Jardín América. Es decir en todos los Municipios de más de 20.000 familias y en los se relevaron 243 barrios. Ahora vendrá la segunda parte que es el verdadero objetivo, porque primero se hace el reconocimiento de que son legítimos poseedores, y después con el certificado entregado por Anses, las familias que no lo tienen puedan tramitar los servicios básicos.
Tranquilidad de que ahora no los van a desalojar
«El significado de esta certificación es la tranquilidad para las familias, y eso produce alegría y emoción. El otro día en una reunión en la chacra 17, una abuela entre lágrimas me dijo que por fin iba a poder construir su casa con materiales que viene comprando hace años, y que no quería utilizar por miedo a que la desalojen. Esto es un cambio vital para las familias porque ahora saben que no los van a sacar de los terrenos que ocupan, y además, podrán vivir dignamente», destacó Sereno.
En las reuniones en las que participa el PAyS, las familias de los barrios cuentan que haber sido relevados y contar con su certificado, les da seguridad y tranquilidad para su hogar y el acceso a los servicios básicos. Es decir, la garantía de derechos a familias misioneras, sobre todo a las que viven en situación de pobreza y que generalmente son las que tienen problemas de tierras.
El diputado Sereno señaló que el decreto 358 del Gobierno nacional especifica que a partir del relevamiento y con el otorgamiento de la certificación de vivienda familiar, el Estado se compromete a generar los mecanismos necesarios para que todas esas tierras, sean fiscales o privadas, puedan ser adquiridas o trasladadas al mismo Estado, para después titularizar a los legítimos poseedores. «Es decir es prácticamente el paso previo a que les otorguen el título de propiedad que es lo que más necesitan las familias».
Hacer visibles a los barrios que no figuraban en el mapa
Uno de los dirigentes del Movimiento Evita, Humberto Ismael Décima, explicó cómo se hizo el trabajo. «Nosotros como Evita junto a Barrios de Pie, la CCC y otras organizaciones, hicimos el relevamiento el año pasado entre noviembre y diciembre porque esto comenzó a gestarse con con el Gobierno de Cristina Fernández, pero no se pudo terminar. Entonces se retomó con la idea es hacer visibles a estos barrios que no figuraban ni siquiera en el mapa, carecen de calles internas, y en algunos no entra la ambulancia ni ninguna ayuda”, señaló Décima.
Sostuvo que el gobierno de Macri creía que había 900.000 personas viviendo en asentamientos, mientras que «nosotros estimábamos 3.000.000; pero nos quedamos cortos, porque del relevamiento general en todo el país, el resultado arrojó un poco más de 4.000.000 de personas viviendo en asentamientos, todos en situación de emergencia”, detalló.
Luego del registro realizado, y una vez procesados los datos, el Gobierno nacional comenzó a emitir los primeros certificados. Toda familia que cuente con uno, le valdrá como documento por la propiedad que habite, sea municipal o provincial o privada. Por medio de esa certificación de vivienda popular a nombre del grupo familiar, podrán bajar el tendido de energía eléctrica, el agua potable, solicitar calles internas en el barrio, mayor seguridad y hasta pequeños créditos.
En Garupá hay más de 8000 familias con necesidades extremas
Respecto a las personas que no participaron del censo, el dirigente del Evita manifestó que «mucha gente que está cansada de los censos no quiso participar del relevamiento el año pasado; pero ahora se logró que en todos los barrios donde se hicieron los relevamientos, a los que no fueron censados porque no estaban, o se encontraba trabajando, o no quisieron dar los datos, tendrán una segunda oportunidad, y esto se empezará a hacer la próxima semana», contó.
Entre Garupá y Posadas hay unas 8000 familias viviendo en condiciones de vulnerabilidad, y muchas de ellas en situaciones de necesidad extrema.
«Hay casi un 4% de personas enfermas de cáncer, y creo que tiene que ver con el tema de que hay pozos ciegos que corren por el patio de las casas. Nosotros lo asociamos con eso. Y además son terrenos que están cercanos a lugares donde se guardan autos viejos que provoca contaminación, nos alarmó eso. La cantidad de chicos y chicas y mujeres con cáncer. Además encontramos muchos ancianos y discapacitados”, dijo Ismael Décima.
Derechos a los servicios básicos
También la militante del Frente de Mujeres Evita y del PAyS de la chacra 187 de Posadas, Lidia Ibarra, contó su experiencia. “De noviembre del 2016 a enero de este año visitamos a los vecinos que viven en asentamientos y en tierras fiscales. Se tomó los datos a las familias, cantidad de integrantes, si había personas con discapacidades en el núcleo familiar, cuantos adultos mayores, la situación laboral, los beneficiarios de planes sociales, pensionados, jubilados y la situación socio económica en ese momento».
El resultado es que esas familias que fueron censadas, pueden recibir su Certificación de Vivienda Familiar en Anses, y eso les permitirá tener derecho a contar con los servicios básicos como cloacas, luz, y todo lo que el Estado normalmente pide como documentación legal que defina su situación en el lugar donde viven.
Contó que vio gran cantidad de personas en situación de emergencia. «No recuerdo el número; pero eran muchísimas A mí me tocó Posadas, y casas con familias numerosas, generalmente desocupados, changarines, viviendo el día a día», detalló la militante.
Con esta documentación de la Anses estas familias dejan de estar en una situación irregular. Los certificados se entregarán de lunes a viernes en Delegaciones de la UDAI de toda la provincia.
