En Argentina, hablar de salarios es hablar del corazón de la economía cotidiana. No importa el ciclo, el gobierno o el índice: la sensación general es que el sueldo nunca alcanza. Durante años, la dinámica estuvo marcada por una inflación galopante y una respuesta salarial que, aunque atrasada, solía venir acompañada de incrementos nominales potentes, muchas veces fogoneados por la emisión monetaria. Era una carrera frenética, con poco control, pero con al menos la ilusión de que el ingreso se movía.
Actualmente, el escenario cambió. La inflación muestra una trayectoria más contenida (todavía presente, pero en desaceleración) y el Gobierno junto al Banco Central han consolidado una política de emisión cero. En ese nuevo esquema, los salarios ya no corren con la misma velocidad, y aunque se justifique desde lo macroeconómico, la percepción social se tensiona: los precios suben menos, sí, pero los sueldos no repuntan. Se agradece el freno inflacionario, claro, pero también se reclama que el ingreso no quede congelado en un punto históricamente bajo.
El momento es extraño para los argentinos: por primera vez en mucho tiempo, no hay inflación desatada ni aumentos salariales fuertes. Y eso, paradójicamente, también incomoda.
Sin embargo, es importante decir que el salario es hijo de la producción y crecimiento económico. La economía está recuperando de años de pérdida y no todos los sectores crecen con la misma intensidad y volumen. Por lo cual, recuperar salarios no es para todos igual.
Paritarias versión 2025
Al observar los principales acuerdos paritarios de 2025, lo primero que salta a la vista es que apenas tres sectores lograrían empatar o superar la inflación que se acumularía entre enero y mayo (14,7 por ciento).
A la cabeza se ubican los aceiteros, que cerraron un incremento del 15,3% respecto de diciembre de 2024. El sindicato del sector, con amplia tradición negociadora y salarios históricamente por encima del promedio, logró quebrar la lógica oficial del «techo» y selló un acuerdo que incluye un salario básico de $1.770.174 desde abril, con una suba programada hasta julio. Le siguen los trabajadores de la sanidad, con un alza del 14,3%, y los rurales, que alcanzaron un 13,9%. Estos últimos, históricamente rezagados en la distribución sectorial del ingreso, lograron esta vez una recomposición relativamente significativa, aunque aún levemente por debajo del IPC.
En el resto del universo paritario, la foto es más desalentadora. Comercio, uno de los sectores con mayor cantidad de asalariados registrados del país, pactó un aumento de apenas el 9,1% para el período. Aunque el gremio intentó avanzar con un 5,4% trimestral en varios tramos, el Ministerio de Economía impuso límites claros: no hay homologación para acuerdos que se desvíen del esquema 1% mensual. Esa presión también afectó a otros sindicatos relevantes como la UOM, UOCRA y Camioneros, que vieron cómo sus acuerdos quedaban por detrás del costo de vida. En el caso de los camioneros, por ejemplo, el aumento fue del 8,7% acumulado, resultado de tramos escalonados (1,2% en marzo, 1% en abril, 1% en mayo) más una compensación previa. Si bien el gremio reclama reabrir las negociaciones, por ahora sin medidas de fuerza, la pérdida frente a la inflación ronda los 6 puntos porcentuales.
Los bancarios, en cambio, lograron protegerse parcialmente con una cláusula de actualización automática por inflación. Aún así, su incremento (8,1%) también quedó lejos del 14,7% del IPC acumulado, aunque el salario inicial del sector sigue siendo de los más altos del país. A la hora de medir el deterioro salarial, sectores como gastronomía, metalúrgicos, textiles y construcción muestran caídas reales de entre 6 y 10 puntos, lo que empieza a generar tensiones con las cámaras patronales y empuja la reapertura de paritarias. Mención aparte merece el personal de casas particulares, que con apenas un 3% de recomposición, aparece directamente descolgado del resto del mapa salarial. Sin convocatoria formal de la CNTCP ni nuevos aumentos en mayo, el sector continúa con salarios congelados, lo que profundiza la ya estructural informalidad y precarización.
En este nuevo escenario económico, donde la inflación comienza a desacelerarse pero sin una recomposición clara del poder adquisitivo, las paritarias empiezan a jugar un rol distinto al que venían teniendo en los últimos años. Tradicionalmente utilizadas como mecanismo de defensa frente a la escalada de precios, hoy aparecen tensionadas entre su función histórica de recomposición y el nuevo objetivo del gobierno: transformarlas en un ancla inflacionaria.
Desde el oficialismo, el mensaje ha sido claro: no hay margen para acuerdos salariales que superen el 1% mensual, una cifra que busca alinear las expectativas de inflación hacia abajo y evitar que la puja distributiva desate una nueva espiral de precios. Esta pauta, que ya venía generando incomodidad en los gremios, quedó especialmente bajo la lupa tras el dato de inflación de marzo, que sorprendió con un 3,7% y encendió las alarmas no solo en el movimiento sindical, sino en todos los frentes. Aunque abril mostró una baja cercana al punto porcentual, el número de marzo rompió con las proyecciones previas, que estimaban un valor no mayor al 2,5% pese al componente estacional.
El conflicto es evidente: mientras el Gobierno busca evitar cualquier ajuste salarial que ponga presión sobre los precios, los sindicatos reclaman por su parte una actualización que al menos mantenga el ingreso real. Este tire y afloje, que se expresa en la no homologación de paritarias o en las amenazas latentes de conflicto en sectores como Camioneros y Metalúrgicos, pone de manifiesto un cambio de lógica que aún no termina de asentarse en el mercado laboral. Para los gremios, la inflación sigue siendo una amenaza concreta al bolsillo; para el Ejecutivo, el salario no puede ser un motor de esa misma inflación. Entre esos dos diagnósticos contrapuestos se desarrolla hoy una de las tensiones más sensibles del modelo económico actual.
Los datos agregados muestran que los salarios reales continúan en niveles bajos, con una recuperación muy desigual de acuerdo al tipo de empleo. Según los datos de evolución del salario real por sector (base 100 = nov-23), el único segmento que muestra una mejora sostenida desde mediados de 2024 es el de trabajadores del sector privado informal, que alcanza un índice de 132,6 en marzo de 2025. No obstante, esta suba debe interpretarse con cautela: se explica en parte por la metodología del INDEC, que toma como referencia salarios informales más bajos en la base de comparación. Es decir, hay un efecto estadístico de recuperación frente a una caída previa muy fuerte, más que una mejora estructural del empleo informal.
En contraste, el salario real del sector público se mantiene prácticamente estancado y cierra marzo en 85, muy por debajo del nivel de noviembre de 2023. El sector privado formal, aunque muestra cierta recuperación, todavía no logra recuperar completamente el terreno perdido y se ubica en 99,1, es decir, apenas por debajo del punto de partida.
Si se amplía el análisis y se compara con el promedio de 2017, el panorama es diferente. En términos reales, los salarios informales están 35,4% por debajo, los formales 25,3%, y las jubilaciones muestran la mayor caída: un 40,9% por debajo del promedio de ese año. Incluso comparando solo con diciembre de 2024, el salario informal fue el único que mejoró: subió un 13,5%, mientras que el salario formal cayó 0,9% y las jubilaciones subieron apenas 1,5%.
Esto refuerza la idea de que, más allá de algunas señales de recuperación nominal y del alivio por la baja de inflación, el poder adquisitivo todavía está muy lejos de recomponerse para la mayoría de los sectores.