En los hechos, la ley 26.879 dispone que el Estado obtenga una muestra de material genético de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual y la almacene, para contar con esa información y contrastarla en el caso de que se investigue una posible reincidencia de parte de los agresores.
La trayectoria de esta ley lleva años. En 2011 obtuvo media sanción en el Senado y en 2013 fue aprobada en Diputados. En ese momento, la aparición del cadáver de Angeles Rawson había motorizado el debate en la Cámara baja. Esta vez, la reglamentación de la ley llega luego de la violación y el asesinato de Micaela García, en Gualeguaychú (ver Dos crímenes evitables).
Aunque el texto que reglamenta la creación del registro puede modificarse durante su revisión en Presidencia, tiene prevista la formación de una comisión tripartita formada por un miembro del Ministerio de Justicia , otro del Ministerio de Seguridad y uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. “Esa comisión será la que establezca los cronogramas de trabajo para que paulatinamente se vaya poniendo en funcionamiento el registro”, dijeron a Clarín fuentes del Ministerio de Justicia, cuyos equipos técnicos junto a los de la cartera de Seguridad preparan el funcionamiento del banco de datos.
Está previsto que un decreto presidencial reglamente la ley, aunque aún no está claro en cuánto tiempo el registro podrá funcionar en su totalidad.
Fuente: Clarín.com