La polémica se desató la semana pasada, cuando el Tribunal Electoral resolvió -mediante el Acuerdo N.º 1.221- eliminar del padrón a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad con destino en la provincia, argumentando el cumplimiento del artículo 48 inciso 10 de la Constitución misionera, que prohíbe votar a militares y policías. La decisión fue tomada sin comunicación pública y sobre la base de listados oficiales enviados por las fuerzas nacionales y provinciales.
La reacción fue inmediata. Desde distintos sectores se acusó al Tribunal Electoral de aplicar una interpretación regresiva, ignorando los antecedentes judiciales de 2006 y 2011 en los que el mismo artículo fue declarado inaplicable. Fue el propio Gobierno provincial, con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua, el fiscal de Estado y el Frente Renovador, el que solicitó formalmente al STJ que interviniera y revirtiera la medida tras las fuertes críticas.
El Procurador General Carlos Giménez, en su dictamen, avaló el pedido al considerar que la exclusión violaba precedentes jurídicos ya asentados y recomendó restituir el derecho al sufragio de los efectivos, tal como ocurrió en comicios anteriores. La decisión final del STJ se conocerá en las próximas horas, pero ya es un hecho: los policías podrán votar.
Así, tras una semana de incertidumbre y tensión política, se restituirá el derecho al voto a miles de trabajadores de las fuerzas de seguridad. El fallo dejará sin efecto la depuración del padrón que había generado indignación y cuestionamientos por su falta de justificación legal y política.
El debate, sin embargo, permanece abierto: ¿por qué se aplicó ahora una norma que lleva más de una década sin efecto? ¿Fue un error técnico, una omisión, o una jugada política que terminó por volverse en contra? Mientras tanto, la cuenta regresiva hacia el 8 de junio continúa, ahora con un padrón completo y una nueva polémica saldada, al menos por el momento.