El decreto, válido inicialmente por 60 días, fue publicado en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial luego de que otras cuatro personas fallecieran en las últimas horas en medio de la ola de protestas que se desató en abril, elevando a 48 los muertos en las manifestaciones.
La nueva disposición advierte que «podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», dando al gobierno una herramienta para enfrentar lo que consideró como «acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación».
Así, Maduro renovó por séptima vez -y endureció- el decreto de estado de excepción y emergencia económica que desde hace un año le permite gobernar por decreto y sin control del Parlamento, controlado por sus adversarios, reportó la agencia Reuters.
El decreto mantuvo la autoridad del gobierno para disponer de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir acceso a la moneda local y extranjera. Esas restricciones estaban vigentes desde hace más de un año.
Previamente, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la oposición informaron que tres personas murieron anoche durante protestas en el estado occidental de Barinas y que una cuarta falleció en una manifestación en la ciudad de San Antonio de los Altos, cerca de Caracas, en el céntrico estado de Miranda.
Las víctimas de Barinas fueron identificadas como Luis Alviarez, de 17 años, Diego Hernández, de 33 y Yeison Mora Castillo, de 17. En tanto, la persona muerta cerca de Caracas fue identificada como Diego Arellano, de 31 años, dijeron las fuentes.
Otros manifestantes y policías resultaron heridos durante las últimas manifestaciones, que se realizan casi a diario desde abril.
La oposición acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador que usa su influencia sobre las instituciones del Estado para mantenerse en el poder, mientras que el mandatario socialista alega que sus enemigos políticos están agitando las calles con disturbios y manifestaciones con el objetivo de derrocarlo.
Maduro ha llamado a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna e intentar dejar atrás la crisis política, pero sus adversarios afirman que se trata de una maniobra dilatoria y temen que el gobierno busque mantenerse en el poder más allá de 2019, cuando culmina su período.
El gobierno de Maduro ha dicho que no permitirá la «injerencia» en su política interna y mantiene que las elecciones presidenciales se celebrarán a fines de 2018, como está establecido en el calendario, a pesar de que todavía no se han convocado dos comicios regionales previstos para 2017.
La oposición está buscando apoyo internacional para mantener la presión contra Maduro y ha logrado el pronunciamiento de varios gobierno a favor de sus peticiones, particularmente de adelantar las elecciones.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dijo hoy que la MUD está dispuesta a negociar «concesiones» con aquellos funcionarios públicos que «sostienen» en el poder a Maduro, de modo de evitar así una «cacería de brujas».
Fuente: Télam.