Además las contiene la Ley Provincial XII- N°28 que indica "suspender acciones procesales que conducen a desalojo de los bienes inmuebles ubicados en terrenos incluidos en RENABAP en Misiones. 

Para estos casos, no es necesario realizar el empadronamiento en la presente Ley a fines de suspender las acciones. Es suficiente la presentación del Certificado de Vivienda Familiar", explica la norma.

Son 67 niños y niñas y cuatro mujeres embarazadas

Hace unos días la gran cantidad de vecinos y vecinas -entre los que hay 67 niñas y niños, cuatro mujeres embarazadas y dos personas discapacitadas- recibieron y se negaron a firmar una orden del titular del Juzgado de Instrucción 3, Fernando Verón, que ordena el desalojo para este viernes, argumentando que se trata de un predio particular, cuando estuvo abandonado durante más de 30 años sin que nadie pagara impuestos.

El año pasado ya hubo un intento de expulsar a las familias, y desde el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, se presentó un Proyecto de Comunicación que tuvo tratamiento preferencial, solicitando que el Poder Ejecutivo intervenga para llegar a un acuerdo en las negociaciones entre el propietario y los vecinos y vecinas de la chacra 190, que se sienten abandonadas por el Estado municipal y provincial.

"Estamos ante una situación de prevaricato"

En la chacra 190 delimitada por las avenidas 115, Urquiza, Monseñór D’Andrea y Alem, se observan algunas viviendas de material y techos de chapas, otras son de madera pintadas, y también varias que están techadas con cartón, o armadas precariamente.

"En 2018 pedimos la urgente intervención del Estado provincial para la chacra 190 y pudimos frenarlo, y ahora nuevamente nos encontramos con esta advertencia del Juzgado de Instrucción 3. Por lo tanto vamos a apoyar a éstas familias y haremos resistencia con las organizaciones sociales, el Ministerio de Derechos Humanos, Diputados y la Defensoría del Pueblo", expresó el diputado Martín Sereno.

Esta decisión se destacó este miércoles en una conferencia de prensa brindada en la Defensoría en la que los legisladores Gervasoni y Sereno señalaron que el juez Verón estaría cometiendo "el delito de prevaricato" aplicado a una autoridad, juez u otro servidor público por dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha medida es injusta y contraria a la ley. Algo comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Piden mesa de diálogo y que se convoque al Iprodha

En las últimas horas los organismos del Estado presentaron un recurso extraordinario de amparo, atendiendo a las leyes vigentes tanto provincial como nacional que declara de interés público los terrenos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares y suspende en Misiones cualquier tipo de desalojo.

Todos los organismos insistieron en la necesidad de que la Justicia llame a una mesa de diálogo y convoque al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional en busca de una solución para estas familias, porque tal como indica la Ley provincial, el Iprodha está facultado para realizar una mediación antes de llegar a la medida extrema que significa un desalojo compulsivo.

Angustia y temor ante la amenaza de desalojo

Una de las madres, Zulema Texeira, vive en la chacra 190 hace unos años y recordó que desde el 2017 sufren presiones de desalojo, aún teniendo el Certificado de Vivienda Familiar expedido por la Anses y estar amparados legalmente. 

"El año pasado fue el último intento de desalojo que se frenó y nosotros avanzamos con la construcción de las casas, tratamos de mejorar las condiciones de vida en nuestro  barrio que tiene muchas necesidades. En la amenaza anterior hubo un arreglo con el supuesto dueño; pero no prosperó porque pedía una suma que era imposible pagar. Si tuviéramos esa cantidad estaríamos viviendo mejor. 

Después del censo del RENABAP estábamos esperando una negociación razonable; pero hace unos días llegó al barrio una notificación de desalojo donde nos dicen que el viernes vendrá la policía a sacarnos porque el dueño quiere el terreno o la plata", relata con angustia esta joven de 28 años, embarazada de siete meses y una nena de cuatro años.

Un baldío abandonado durante más de 30 años

Cuando las familias se instalaron, el predio era un baldío abandonado. En el 2007 decidieron asentarse en el terreno deshabitado desde hacía más de 30 años. 

"Limpiamos entre todos, matamos víboras, alacranes, levantamos nuestras casitas y lo convertimos en un lugar más o menos habitable y no tuvimos problemas. Pero después comenzaron las amenazas de desalojos. Ahora presentamos un escrito al Juzgado manifestando la voluntad de pagar en cuotas accesibles y sólo nos queda rezar y que el juez se apiade de nuestros hijos. Si nos echan, no tenemos adonde ir, somos gente trabajadora que nos rebuscamos. Yo estoy muy asustada, me gustaría que el gobierno se haga cargo de nuestra situación", dice la joven madre con dolor.

"No tenemos otro lugar donde ir a vivir"

Otra de las vecinas, Isabela Díaz Freitas, tiene dos hijos pequeños y expresa su preocupación por esta amenaza latente de desalojo.

"Tengo una beba de siete meses y un chico de 6 años y estamos con miedo que nos saquen, porque no tenemos donde ir. Pedimos que juez Verón nos de la posibilidad de pagar un dinero que sea posible. Todos estamos angustiados, sin saber dónde recurrir con nuestros hijos.

El año pasado nos sentimos aliviados, pensamos que no iban a ver más amenazas porque estamos protegidos; pero otra vez volvemos a cero porque directamente nos avisaron que el viernes vendrían a desalojarnos. Los chicos sufren y están muy asustados. Le pedimos al juez pagar una cuota mínima y que nos permita seguir teniendo un techo y que nuestros chicos puedan seguir yendo a la escuela y comer todos los días", reclamó.

"Nos condenan por ser pobres y tener hijos"

La mayoría de las familias de la chacra están integradas por mujeres que como Alejandra Zas y Camila Gallardo recibieron preocupadas la ingrata noticia. "Estamos muy tristes porque la Justicia nos condena por ser pobres, tener muchos hijos, estar embarazadas o por ser viejos. Nos juntamos entre los vecinos y proponemos  llegar a un acuerdo amistoso, porque no podemos vivir con la amenaza constante del desalojo. No es justo porque somos argentinos y tenemos derecho a un techo digno", reclamó.

El año pasado estaban esperanzados porque se detuvo el desalojo; pero ahora vuelve la orden del juez y se sienten desamparados.

"No queremos que nos saquen a la calle como nos dijeron los policías cuando vinieron a avisarnos del desalojo. Si nos echan de acá no tenemos dónde ir. Es muy injusto lo que ordena la Justicia, no tienen compasión. Pedimos que nos escuchen, que sepan que somos familias trabajadoras que sólo pretendemos un lote de tierra para nuestros hijos", manifestó Camila.