Sereno buscó llevar tranquilidad a las familias y les dijo
que “tenemos leyes provinciales de prohibición de desalojo, también nacionales
que hemos conseguido los movimientos sociales que los ampara a ustedes e
incluso sacamos una adhesión provincial, porque no se respetaba”.
Agregó que “tienen derecho a la vivienda, techo y hábitab
digna, que no está siendo respetado, porque este sector judicial que quiere
hacer negocio y arrasa con todo y se desinteresa de la vida de todos los seres
humanos, no les importa”.
El legislador insistió en que la Justicia no tiene problema
en firmar una orden para mandar 60 familias en la calle, y lo hacen “a costa de
la calidad de vida de la gente para hacer sus negocios. Ustedes no tienen
grandes vivienda, ni terrenos. En una manzana hay 48 familias. Queremos garantizarles
de que ustedes puedan vivir tranquilos y no amenazados”.
Sereno remarcó que no se respetan las leyes. “Los tres poderes
no actúan en consonancia; el Legislativo hizo su trabajo, el Ejecutivo respeta,
pero el Judicial no”, sentenció.
“Se debe frenar el desalojo y convocar una mediación. Hay que
llegar a una mediación pacífica. No puede primar nunca el negocio sobre la vida
y la dignidad.
El caso en profundidad
Nuevamente más de 50 familias de la chacra 190 de Posadas
corren riesgo de ser expulsadas del terreno que ocupan desde hace varios años.
Aún cuando cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar expedido por la
Anses y están amparadas por la Ley Nacional 27453 de Regularización Dominial de
Barrios Populares del RENABAP a la que Legislatura provincial adhirió por
unanimidad.
Además las contiene la Ley Provincial XII- N°28 que indica
"suspender acciones procesales que conducen a desalojo de los bienes
inmuebles ubicados en terrenos incluidos en RENABAP en Misiones.
Para estos casos, no es necesario realizar el
empadronamiento en la presente Ley a fines de suspender las acciones. Es
suficiente la presentación del Certificado de Vivienda Familiar", explica
la norma.
Hace unos días la gran cantidad de vecinos y vecinas -entre
los que hay 67 niñas y niños, cuatro mujeres embarazadas y dos personas
discapacitadas- recibieron y se negaron a firmar una orden del titular del
Juzgado de Instrucción 3, Fernando Verón, que ordena el desalojo para este
viernes, argumentando que se trata de un predio particular, cuando estuvo
abandonado durante más de 30 años sin que nadie pagara impuestos.
El año pasado ya hubo un intento de expulsar a las familias,
y desde el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, se presentó un
Proyecto de Comunicación que tuvo tratamiento preferencial, solicitando que el
Poder Ejecutivo intervenga para llegar a un acuerdo en las negociaciones entre
el propietario y los vecinos y vecinas de la chacra 190, que se sienten
abandonadas por el Estado municipal y provincial.
