La noticia fue revelada esta mañana durante una prueba piloto, cuando varios comunicadores fueron bloqueados en la vía pública, a pesar de estar ejerciendo su labor en un espacio de acceso público.

Este nuevo requisito impide a los medios realizar su trabajo con normalidad y pone en cuestión el acceso libre y el derecho a la información, pilares fundamentales en una democracia. La imposición de un canon para el registro de imágenes de los desfiles estudiantiles en la Costanera posadeña no solo parece una barrera económica, sino también una restricción a la libertad de prensa.

La APES argumenta que la medida busca "ordenar mejor las coberturas" y asegurar que los fotógrafos que trabajan en el evento estén debidamente identificados con credenciales que incluyan su foto, nombre y número de DNI. Según la asociación, este sistema también responde a quejas de algunos participantes que alegan que los fotógrafos no acreditados obstruyen las coreografías durante el desfile.

No obstante, estas justificaciones parecen insuficientes frente al impacto que la medida tiene sobre el trabajo de los periodistas, quienes se ven forzados a pagar una suma considerable para obtener un acceso que debería ser garantizado en aras de la transparencia y el libre ejercicio de la profesión.

El hecho de que aquellos que no adquieran las acreditaciones se vean excluidos de la cobertura del evento plantea serias preocupaciones sobre el control excesivo y la posible censura en un evento público que debería ser accesible para todos los medios de comunicación.

La imposición de este canon no solo afecta a los medios de comunicación, sino también al derecho de los ciudadanos a recibir información completa y libre sobre los eventos que forman parte de la vida comunitaria.