El conflicto puso de manifiesto una vez más la tensión entre los reclamos del sector y la política de desregulación impulsada por el gobierno nacional.  

El problema de fondo se originó con el DNU 70/2023, que eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos. A partir de esa decisión, los molinos y grandes empresas comenzaron a pagar la materia prima a valores muy por debajo de lo esperado, afectando a los pequeños productores que dependen de un piso de rentabilidad para sostener su actividad. La provincia, por su parte, intentó contener la situación con un sistema de trazabilidad que busca mayor transparencia en las transacciones y mejores condiciones de pago, pero estas herramientas no compensaron la eliminación de regulaciones nacionales.  

En este contexto, las protestas no tardaron en extenderse y los cortes de ruta en San José y Apóstoles se convirtieron en el principal foco de conflicto. La respuesta del gobierno provincial no se hizo esperar y, con respaldo judicial, ordenó un operativo de desalojo que dejó un sabor amargo entre los manifestantes. Los productores consideraron que el despliegue policial fue innecesario y que la provincia optó por una solución represiva en lugar de fortalecer el diálogo.  

Más allá del operativo, el problema sigue sin resolverse. La desregulación del mercado yerbatero dejó a los pequeños productores en una situación de vulnerabilidad, sin herramientas para negociar mejores condiciones de venta. La lógica del gobierno nacional apunta a que el libre mercado regulará los precios por sí solo, pero en la práctica, quienes tienen menor poder de negociación terminan en desventaja.  

El gobierno provincial, en cambio, enfrenta un dilema. Por un lado, necesita garantizar el orden y evitar bloqueos prolongados en las rutas. Por otro, no puede ignorar el reclamo legítimo de un sector productivo clave para la economía misionera. Hasta ahora, las medidas anunciadas buscan amortiguar los efectos de la desregulación, pero no ofrecen una solución estructural.  

Mientras tanto, los yerbateros siguen esperando respuestas concretas. La protesta no surge del capricho, sino de la necesidad de defender su fuente de trabajo ante un modelo económico que, hasta el momento, solo parece beneficiar a los sectores más concentrados. Sin regulaciones claras, el riesgo es que la crisis del sector se profundice y los productores queden a merced de un mercado que no siempre juega a su favor.