Según se desprende de una investigación de Ariel Festa para la agencia Noticias Argentinas, la licitación, realizada bajo la modalidad de “Compulsa Abreviada por Monto Internacional”, fue publicada por el INPROTUR bajo el expediente EX-2024-139357178-APN-INPROTUR#JGM. Aunque se cursaron invitaciones a tres empresas del sector, solo Puken Media S.A. presentó una oferta, que fue aceptada sin realizar impugnaciones.

El contrato determina que se pagarán 15.000 dólares para la apertura de cuentas en redes sociales chinas (por ejemplo, Weibo y WeChat) y 180.000 dólares por un año por administración de perfiles y publicación de contenido.

Este contrato fue firmado por Natalia Alejandra Recio, quien depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos. La designación del agente certificador, a través de la Dirección de Administración y Finanzas del organismo, quedó en manos de Nicolás Galvis.

La situación es compleja porque, en noviembre de 2024, Javier Milei se reunió con Xi Jinping, presidente de la República Popular China, en el G20 de Río de Janeiro, y, contradiciendo su discurso anticomunista, estrechó la mano del mandatario. En ese encuentro, se reafirmaron acuerdos comerciales y financieros que incluyeron la renovación del swap de monedas con el país asiático, fundamental para sostener las reservas del Banco Central argentino.

Tras afirmar “con los comunistas no se negocia” y “no voy a hacer negocios con ningún comunista”, Milei no solo firmó acuerdos con el gigante asiático, sino que autorizó pagarle casi 240 millones de pesos a una empresa privada por la administración de redes sociales en un país extranjero.

Festa consultó con un experto digital que declaró: “Es difícil justificar este gasto cuando muchas agencias de comunicación ofrecen servicios similares por una fracción de ese precio. Además, es cuestionable la utilidad real de una inversión de este tipo en China, cuando Argentina enfrenta problemas urgentes en su propio territorio”.

Por otra parte, en el documento de adjudicación no se especifica qué tipo de contenidos se publicarán ni cómo se establecerá el impacto de la inversión. Además, el contrato determina que la empresa adjudicataria deberá presentar informes de rendimiento mensuales, pero no se detallan métricas concretas ni sanciones en caso de que los resultados no sean los esperados.