Ese dinero es que el Estado nacional tiene previsto recaudar por los derechos a
la exportación de soja en lo que queda de 2018 y en todo 2019.
En
el Gobierno creen que el salto en un año del dólar de $ 17 a $ 31 es motivo
suficiente para achicar los reintegros a los empresarios por las venta al
exterior, reducir las retenciones al campo (ver nota aparte) y eliminar el
«fondo sojero».
El
FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias solo recibían la cuarta
parte de la recaudación de impuestos nacionales, explicaron desde Hacienda.
«Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, las provincias
han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y
continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria
la continuidad de este mecanismo de compensación», justificaron al
eliminar este impuesto coparticipable, creado por Cristina de Kirchner en medio
del conflicto con el campo por la Resolución 125.
La
expresidente estableció en 2009 un mecanismo de compensación a las provincias
para lograr el apoyo de los gobernadores a la aplicación de retenciones
graduales a la soja. Con esa intención, creó el Fondo Solidario, a través del
cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos
de exportación al poroto, aceite y harinas de soja, que solo la Nación podía
realizar.
Con
eso fondo, se proponían fortalecer las obras de infraestructura en los
distritos. «La finalidad es financiar obras provinciales, municipales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuyan a la mejora de la
infraestructura edilicia de las distintas reparticiones y/u organismos
públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, así como para
infraestructura e inversión productiva, con expresa prohibición de utilizar las
sumas de dicho fondo, para el financiamiento de gastos corrientes».
Sin
embargo, Mauricio Macri eliminó este fondo con un Decreto de Necesidad y
Urgencia que pronoto saldrá a la luz, y desde los próximos días se cancelarán
todas las transferencias directas a mandatarios del interior e intendentes.
Tampoco será introducido este ítem en la ley de Presupuesto 2019.
Con
esta medida, el Gobierno espera un ahorro fiscal para la Nación de $ 8.500
millones en 2018 y $ 26.500 millones en 2019, casi u$s 1.000 millones. La
decisión forma parte del paquete de medidas de ajuste fiscal que exige el FMI
para el cumplimiento del acuerdo. En Santa Fe aseguran que no fueron
consultados. En Salta deslizan que «estaban al tanto» del inminente
recorte, pero que no lo espera para agosto.
El
Poder Ejecutivo venía dilatando el pago diario del FFS a las provincias. Para
concretar los desembolsos, la Nación exigía como contrapartida adherir al Pacto
Fiscal. Si no lo hacían, no cobraban. Por este motivo, en los últimos meses
Hacienda registró una abrupta caída en las transferencias mensuales. Según dijeron
algunos ministros de economía provinciales, fueron cortadas hasta verificar la
validación del «Acuerdo Fiscal» en cada jurisdicción.
Los
datos consolidados del primer semestre de 2017 revelan que la Nación repartió $
9.782 millones entre todas las provincias, CABA y los municipios.
Pero
para 2018, por una mejora en las cosechas, los precios internacionales y tras
la reciente devaluación, que llevó el dólar de $ 27,50 a $ 31, se proyectaba
enviar al Interior unos $ 23.000 millones en 2018 en total. Hasta julio pasado,
según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno nacional
llevaba entregados $ 14.380 millones entre todos.