Se trata de Nelson Periotti (ex titular de la Dirección
Nacional de Vialidad), Sandro Férgola (ex gerente de Obras y Servicios Viales y
subadministrador de Vialidad), Sergio Passacantando (ex gerente de
Administración de la DNV) y Germán Nivello (ex funcionario de la Secretaría de
Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda).
Las detenciones y allanamientos a cargo de la Policía
Federal se realizaron en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas,
donde el juez Bonadio ordenó 101 indagatorias en el tramo que se concentra en
la adjudicación de obra pública civil.
Después de una serie de documentación obtenida durante la
instrucción y más testimonios que se fueron sumando a la causa, se decidió
avanzar con la detención de este conjunto de ex directores de Vialidad
Nacional.
Será el lunes a primera hora cuando el magistrado indague a
los ex funcionarios del Gobierno kirchnerista que cumplían funciones en la Dirección
de Vialidad Nacional.
Estos ex directivos se encuentran procesados por el juez
Julián Ercolini en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública
vial a favor de Lázaro Báez.
En el caso de Nelson Periotti, quedó procesado como
partícipe de la asociación ilícita y defraudación al Estado por $ 46.000
millones. Deberá en mayo enfrentar el juicio oral junto al empresario K y a
Cristina Kirchner.
En tanto Sandro Férgola quedó procesado en una segunda instancia,
por los mismos delitos, junto a Martín Báez el mayor de los hijos varones del
dueño del Grupo Austral y en breve se solicitará la elevación a juicio oral de
dicho tramo de la investigación.
En la causa de los Cuadernos, la Dirección de Vialidad
Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de
contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.
En este tramo tuvo incidencia la confesión de Carlos Wagner
-ex titular de la Cámara de la Construcción-, que detalló cómo funcionaba la
cartelización de la obra pública, y también el testimonio de Ernesto Clarens
que entregó un extenso listado de empresas que eran parte del pago de sobornos
a ex funcionarios para garantizarse obras.
Según entiende el juez,
Cristina Kirchner que ya declaró en este expediente, lideró una
«comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de
manera ilegal» y en la que los distintos funcionarios intervinientes
«operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad
recaudatoria».
La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de
Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública,
«para procurar la afluencia de dinero». Según el magistrado, con ese
motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la
obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de
transporte.
Por ello el juzgado avanzó en una nueva citación contra la
ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de
obra pública para más de 70 empresas.
Es en este tramo del expediente, que investiga la
cartelización de la obra pública, que se realizó el extenso llamado a
indagatoria que incluyó a Carlos De Sousa (hermano de Fabián, socio de
Cristóbal López), Gustavo Weiss, Mario Rovella y, Fabián Biancalani, entre
otros.
Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli,
antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82
operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas
compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos
durante la gestión kirchnerista.
La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para
la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron
cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que
conducía Julio De Vido.