La medida también incluyó la notificación al Fiscal para que determine si la conducta de Myrian Comparín podría encuadrarse en el delito de desobediencia a la autoridad, conforme al artículo 239 del Código Penal.
La resolución confirma que Comparín, expresidenta del Consejo del Partido Justicialista de Misiones, incumplió una orden judicial que le requería entregar la totalidad de los bienes partidarios a los interventores Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta, designados por el Consejo Nacional Federal del PJ.
Como se había informado anteriormente, la Justicia había intimado a las autoridades salientes del PJ Misiones a cumplir con los requerimientos de los interventores en un plazo de 48 horas. Estos incluían la entrega de las llaves de la sede, documentación relevante, credenciales de acceso a correos y redes sociales institucionales, así como una nómina de causas judiciales. La falta de cumplimiento habría podido desencadenar el uso de la fuerza pública.
Ante la desobediencia de las autoridades salientes, la Justicia adoptó esta decisión clave en el marco del proceso de normalización institucional del Partido Justicialista de Misiones.
El objetivo es seguir avanzando con responsabilidad y transparencia para garantizar que el partido funcione conforme a la legalidad y, en un futuro cercano, se convierta en un espacio abierto a todos los sectores del peronismo en Misiones.