La audiencia pública para analizar el valor del boleto urbano en Posadas se realizó en el Parque de la Ciudad y dejó más dudas que certezas. Lejos de convertirse en un espacio amplio de participación, el encuentro estuvo atravesado por cuestionamientos desde antes de comenzar: se desarrolló en un punto alejado del centro, con escasa presencia ciudadana y tras un proceso de inscripción limitado a un solo día presencial.
El malestar social quedó expuesto tanto dentro como fuera del predio. Entre usuarios y vecinos se repitió una idea: el aumento ya estaría definido y la audiencia fue apenas un trámite para cumplir con la Carta Orgánica. Para muchos, el encuentro funcionó como una “fantochada”, sin capacidad real de incidir en una decisión que perciben tomada de antemano.
La audiencia se dio en un contexto de fuerte presión empresarial para llevar el boleto a valores cercanos a los 4.000 y 5.000 pesos. Ese reclamo, encabezado por Marcelo Zbikoski, volvió a instalar el debate tarifario sin que se pongan sobre la mesa datos públicos verificables sobre cantidad de pasajeros, recaudación o rentabilidad del sistema.
Recién en ese marco se conocieron con mayor detalle las definiciones oficiales. El secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, habló con Radio Up y confirmó que, según estudios municipales, la tarifa técnica en Posadas se ubica cerca de los 4.000 pesos, muy por encima de lo que hoy paga el usuario.
Durante sus declaraciones, el funcionario sostuvo que el sistema enfrenta una caída interanual de pasajeros y que ese descenso impacta de lleno en la estructura económica, ya que los costos fijos se mantienen. También remarcó el peso del boleto estudiantil gratuito y la baja estacional durante el receso, factores que obligan a reacomodar la cantidad de unidades en circulación.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la audiencia dejó al descubierto un problema más profundo: la falta de transparencia. El debate se desarrolló sin balances abiertos, sin cifras claras a disposición de la ciudadanía y sin una exigencia firme del Estado para que las empresas expongan sus números.
Así, el encuentro que debía fortalecer la participación terminó reforzando la desconfianza. Para amplios sectores, la audiencia pública no funcionó como una instancia real de discusión, sino como un paso formal en un proceso donde el aumento del boleto aparece, para muchos, como una decisión ya escrita.