El expresidente está acusado por trata agravada de personas, un delito por el que puede ir preso durante cuatro años. En su campo de Misiones habían encontrado el año pasado a 61 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud. Esta semana volvió a hacerse una inspección ocular en la propiedad que mostró que el expresidente no cambió la situación de sus trabajadores.
La denuncia contra Puerta comenzó hace casi un año cuando en un operativo comandado por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) se constató que los trabajadores de su campo en Parada Leis –a pocos kilómetros de Posadas- eran sometidos a un trato inhumano: no tenían acceso al agua potable, comían alimentos en mal estado, no tenían la posibilidades de recibir atención médica y vivían bajo lonas de plástico.
La causa había estado frenada durante un año con artilugios legales y estaba a cargo del fiscal federal Juan Carlos Tesoriero. El problema fue que el fiscal murió y la causa quedó en manos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dirigida por Marcelo Colombo, quien ordenó reimpulsar la investigación.
Tesoriero, cuestionado por haber planchado la investigación a pedido de Puerta, era investigado por organismos de Derechos Humanos que lo sindicaban como protector de la represión de la dictadura en la provincia de Misiones durante los años setenta.