La Justicia de Misiones avanza en una investigación que sacude a la localidad de Guaraní, donde el intendente Miguel Ángel Vargas quedó en el centro de la escena tras la desaparición de al menos veinte perros. El caso generó una fuerte repercusión social y abrió interrogantes sobre el destino de los animales.
La causa está a cargo del juez Horacio Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, quien ordenó la recolección de testimonios clave. Entre los citados figuran vecinos, el dueño del inmueble donde estaban los canes, un veterinario y una concejal que participó del procedimiento. El objetivo es establecer si existió algún tipo de maltrato animal.
En paralelo, la Red Provincial de Protección Animal decidió duplicar la recompensa para quienes aporten datos certeros. El monto pasó de 300 mil a 600 mil pesos, con garantía de confidencialidad, en un intento por acelerar la obtención de información que permita esclarecer el hecho.
En las últimas horas surgió una versión que indica que los restos de los animales podrían encontrarse en una chacra de la zona. A raíz de esto, el propietario del lugar se presentó de manera voluntaria ante la Policía y manifestó su disposición a colaborar con la investigación.
En su declaración, Vargas afirmó que los perros fueron entregados en adopción a doce personas, dos por cada una, y aseguró contar con registros que respaldan esa versión. Sin embargo, las autoridades deberán verificar la autenticidad de esa documentación y contrastarla con registros audiovisuales incorporados al expediente.
El episodio tomó estado público tras la difusión de un video grabado por el propio jefe comunal, donde menciona el traslado de los animales y desliza que serían llevados “lejos”, sin precisar el destino. Esa frase encendió las alarmas y motivó cuestionamientos, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió realmente con los perros y si hubo irregularidades en el procedimiento.