El proyecto de Presupuesto 2026 que impulsa la Municipalidad de Posadas incluye una medida que ya genera ruido político: el traspaso de más de 700 trabajadores del Concejo Deliberante a la planta municipal. Bajo el argumento de “optimizar recursos humanos” y “fortalecer áreas operativas”, la iniciativa concentra mayor poder de gestión en el Ejecutivo y deja abierta la discusión sobre la autonomía del Legislativo y el verdadero alcance del ajuste.
Según el nuevo diseño, el traspaso se enmarca en una política de “eficiencia y simplificación” que busca reorganizar la estructura administrativa sin incrementar el gasto total. En la práctica, esto implicará que numerosas dependencias del municipio incorporen personal que hasta ahora respondía al Concejo Deliberante, con la promesa de mejorar la atención territorial en centros comunitarios, de salud y áreas de mantenimiento urbano.
El movimiento de personal se presenta oficialmente como una “absorción técnica”, aunque en los hechos supone un cambio profundo en la estructura política y administrativa de la ciudad. Desde el Ejecutivo aseguran que la medida no afectará puestos de trabajo ni implicará despidos, pero dentro del ámbito legislativo no faltan voces que advierten que podría debilitar la independencia del Concejo y consolidar un esquema de gestión más concentrado.
El secretario de Hacienda, Sebastián Guastavino, explicó que la iniciativa forma parte de una reestructuración general que pretende “dar respuestas más directas a los vecinos” y asegurar un uso más eficiente de los recursos municipales. Sin embargo, el contexto económico local y nacional, marcado por la escasez de fondos y la reducción de transferencias, plantea dudas sobre si el traspaso responde realmente a una mejora administrativa o a una estrategia de ajuste interno.
El proyecto también incluye modificaciones en el Código Tributario Municipal. Entre las principales novedades se encuentra la transformación del impuesto general de inmuebles en una tasa de barrido y limpieza, con el objetivo de vincular los tributos directamente con los servicios que el municipio presta. Según el Ejecutivo, se trata de un cambio “conceptual y simbólico” para transparentar la relación entre el contribuyente y la gestión.
Además, se prevé una actualización en la tasa de alumbrado público, que pasará de unos 5.000 a cerca de 8.000 pesos mensuales, con la intención de cubrir los costos reales del servicio, incluyendo la reposición de luminarias y la contratación de cuadrillas. La decisión fue justificada como necesaria para mantener la calidad del alumbrado, aunque en los hechos implicará un nuevo incremento en la presión fiscal sobre los vecinos.
Con un 65% del presupuesto destinado a obras y mantenimiento, el Presupuesto 2026 apunta a sostener la imagen de “ciudad ordenada y eficiente” que promueve la actual gestión. Sin embargo, entre el traspaso de personal, los aumentos en tasas y la concentración de competencias en el Ejecutivo, el debate se instala sobre el rumbo que tomará la administración municipal y el margen que quedará para el control político desde el Concejo Deliberante.